Los abogados de Julian Assange presentaron una demanda ante un tribunal de España contra españoles acusados de haber extorsionado al fundador de Wikileaks y contra la Cancillería ecuatoriana, indicó este sábado (27 de abril del 2019) una fuente de su defensa.
Assange, quien vivió casi siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres, en la que se había refugiado para evitar la extradición a Suecia por acusaciones de violación, fue detenido el 11 de abril luego de que Quito pusiese fin a su asilo.
El fundador de Wikileaks, de 47 años, que reveló desde secretos militares de Estados Unidos hasta la evasión fiscal de los millonarios, aguarda ahora sentencia por haber incumplido con las condiciones de su libertad bajo fianza en Reino Unido en 2012.
La fuente, que no quiso revelar su identidad, afirmó que la demanda es “contra el grupo de españoles presuntos extorsionadores y los funcionarios de la embajada y el ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador”.
“Esta investigación afecta, no solo a la extorsión realizada por este grupo de personas, sino a la trama de espionaje que se revelaría que existía contra el asilado en la Embajada”, agregó la fuente.
Según medios españoles, cuatro ciudadanos españoles tienen videos y documentos personales de Assange. El periódico online Eldiario.es afirmó que estas personas obtuvieron el material a través de un sistema de espionaje creado en la embajada, que incluía cámaras de seguridad y empleados que tomaban fotos de todos los documentos en manos de Assange.
Los acusados intentaron aparentemente obtener 3 millones de euros (unos USD 3,3 millones) de Wikileaks para no publicarlos, de acuerdo con ese medio español. Eldiario.es, que tuvo acceso a la demanda por escrito presentado ante la Audiencia Nacional española, señala que los abogados de Assange también acusan a Ecuador de espionaje. La Audiencia Nacional, contactada por la AFP, no quiso referirse al tema.
Esto contrasta con la versión de los hechos del presidente ecuatoriano Lenín Moreno. En una entrevista al diario británico The Guardian, Moreno afirmó que Assange había tratado de instalar un “centro de espionaje” en la Embajada ecuatoriana.
El año pasado, Quito cortó a Assange el acceso a Internet y a su teléfono celular, acusándolo de romper el “compromiso escrito” de no interferir en la política exterior ecuatoriana y de sus aliados.
La decisión enfureció a Assange, quien denunció al gobierno por violar sus “derechos fundamentales” al limitar su acceso al mundo exterior. Assange enfrenta también un pedido de extradición de Estados Unidos vinculado a la publicación por parte de Wikileaks de un gran número de documentos clasificados. (El Comercio)