Un grupo de abogados en libre ejercicio respaldó al Tribunal de Garantías Penales del Guayas que declaró inocente a Iván Espinel por el supuesto delito de peculado.
El grupo estuvo encabezado por Luz María Pico, quien denunció una “clara injerencia” del Ejecutivo en la función Legislativa.
“Una vez que el Tribunal falla hay el órgano regular que son los recursos de apelación si una de las partes no está de acuerdo. Hay recursos verticales y hay recursos horizontales que hay que hacer, no hacer un escándalo innecesario, como se ha hecho dañando honras y una trayectoria ganada por más de 20 años de cada uno de esos jueces”.
Así Pico rechazó el anuncio que hizo el pasado 18 de febrero, la Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia de la República, tras pedir investigar a los jueces que absolvieron al también excandidato presidencial.
La abogada indicó que esa postura les afecta en “el libre ejercicio”. Ella precisó que hay dos elementos principales que respaldan la resolución del Tribunal. Detalló que el mismo perito de la Fiscalía dijo que “no se había podido establecer” un perjuicio al Estado ecuatoriano en esa acusación. También, anotó, una jefa de reunión declaró ser bachiller y no reunía las condiciones de ser un auditor.
Por la acusación de peculado, el Tribunal ratificó el estado de inocencia de Espinel y los otros siete procesados por el delito, relacionado al supuesto perjuicio de USD 123.000 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La decisión fue calificada como “indignante” por la ministra del Interior, María Paula Romo; mientras, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, anunció que apelaría el fallo.
Romo incluso reiteró ayer, 20 de febrero, que el Gobierno está preocupado por la administración de justicia. Y precisó que respetar la independencia de la justicia no significa que no se les diga: “pongan atención a estos casos”.
De acuerdo con Pico, el artículo 82 de la Constitución habla de la seguridad jurídica. “Si no hay seguridad jurídica, no hay nada. Normas claras, reglas previas establecidas en la Constitución, es lo que buscamos que se respete”. (El Comercio)