El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, determinó que la aceptación personalísima de la postulación a una dignidad de elección popular, ante delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) establecido en el reglamento de Democracia Interna «carece de eficacia jurídica y resulta inaplicable».
El pronunciamiento, suscrito en la sentencia del 30 de septiembre, se da en atención a un recurso planteado por el movimiento Sí Podemos de Manabí, que impugnó el tercer inciso de esa normativa emitida por el CNE que señalaba: «la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección, ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas tratándose de dignidades nacionales; en Delegaciones Provinciales Electorales, para el caso de dignidades a nivel local; y, en las oficinas consulares en el Exterior, para la dignidad de asambleístas en el exterior».
Para Cabrera este requisito «impone un gravamen innecesario, inaceptable e improcedente para el ejercicio de los derechos de participación de aquellos ciudadanos que se verían obligados a trasladarse y comparecer de manera personal y fisica al cumplimiento de una formalidad, colocándolos en una condición precaria y de inequidad con los demás posibles precandidatos. Es una norma regresiva, discriminatoria y vulneradora de derechos, por lo que es inaplicable».
En un principio, el magistrado electoral decidió remitir a la Corte Constitucional este reglamento a través de un recurso de constitucionalidad de norma, esperando que resuelva si es constitucional o no.
Sin embargo, el expediente fue inadmitido por la Corte, por lo que Cabrera emitió la sentencia, la cual puede ser apelada y pasará a conocerla el pleno del Tribunal.
En este contexto, hay otras demandas ante la CC planteada por otros actores políticos como la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, y el abogado Christian Romero, que representa a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.
La fase de democracia interna de las organizaciones políticas para elegir a sus precandidatos se consumó entre el 9 y 23 de agosto pasado. (El Universo)
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