La eficiencia en la administración de justicia por la aplicación de los procedimientos penales Directo y Abreviado; la grabación de audiencias; la aplicación de la mediación; el sistema de videoconferencias; y, la disminución de las audiencias fallidas, permitieron en los últimos años un ahorro para el Estado de 425,6 millones de dólares.
Esta información es parte de la Rendición de Cuentas 2017, que el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, junto al Pleno de la institución, presentó, este 16 de enero, ante la Asamblea Nacional.
El titular del CJ explicó los logros obtenidos dentro del Plan Estratégico de la Función Judicial y en este marco, resaltó la productividad del sistema. Dijo que el año pasado ingresaron 630.406 juicios y se resolvieron 718.997, es decir, la tasa de resolución es de 1,14 (en 2012 era de 0,77).
Sobre la cobertura judicial, señaló que Ecuador tiene 2083 jueces y con esto alcanzó una tasa de 12,42 administradores de justicia por cada 100 mil habitantes, superando el promedio regional que es de 11,51. Además, existen 733 defensores públicos y 841 fiscales.
Asimismo, resaltó el modelo de gestión de las unidades de Flagrancia, en las cuales la aplicación del Código Orgánico Integral Penal permite que ocho jueces dicten 43 sentencias por mes (en un promedio de 17 días). En el año 2012, el mismo número de administradores de justicia expedían 15 sentencias en 191 días.
El titular del CJ indicó que desde agosto de 2014 a diciembre 2017 se evitó que fallen 120.056 audiencias. Esto significó un ahorro de 41,4 millones de dólares.
La administración de justicia también fue eficiente respecto de las caducidades de prisión preventiva. El año pasado apenas hubo ocho casos y en el 2016 fueron 11 a diferencia de lo que ocurrió en el 2008, cuando se reportaron 2061 caducidades.
En igual forma, desde agosto de 2014 a diciembre de 2017 se grabaron 778.155 audiencias, lo que significó un ahorro para el Estado de 31.5 millones de dólares.
Asimismo, hasta diciembre de 2017 se realizaron 37.077 audiencias mediante videoconferencias. Este sistema permitió un ahorro de 6.8 millones de dólares de los recursos públicos ya que se evitó que 27.417 personas privadas de libertad sean trasladadas a las diferentes diligencias, entre 2015 y 2017.
Infraestructura
Durante el año pasado, el Consejo de la Judicatura entregó a la ciudadanía modernos complejos en Quito (uno al norte y otro al sur de la ciudad), en El Empalme, en Guaranda, en Echeandía y en Tena.
En esta línea, el Presidente Jalkh destacó la agilidad con la que se resuelven las causas con el Código Orgánico General de Procesos, vigente desde mayo del 2016. Por ejemplo, un juicio Contencioso Tributario ahora concluye en un promedio de cinco meses (antes demoraba más de cuatro años). Un proceso Laboral hoy termina en cuatro meses y antes en más de un año.
Respecto a la Mediación, el año pasado se convocaron 57.155 audiencias, de las cuales 34.316 se instalaron y de estas, 30.863 lograron acuerdos. Entre 2015 y 2017 se registraron 94.480 causas con acuerdos lo que generó un ahorro para el Estado de 37.2 millones de dólares.
Control disciplinario
Al referirse al control disciplinario y la aplicación del error inexcusable, el doctor Jalkh dijo que el año pasado se presentaron 533 quejas por esta figura, de ellas solo cinco terminaron con una sanción. “Este ejercicio significa mantener los más altos niveles de calidad en la justicia y darle el derecho a los usuarios de presentar sus quejas”, indicó.