Diario La Hora.- En el primer trimestre del 2023, hubo 17 menores con sentencias. Uno de los casos más sonados fue el de alias ‘Boquita’, de 13 años, implicado en delitos de secuestro y asesinato.
Sicariato, robo, secuestro y extorsión fueron los delitos graves por los que en el primer trimestre del 2023 se sentenció a 17 menores de edad.
Estos niños y adolescentes se suman a los 280 que actualmente cumplen una sentencia de este tipo y están recluidos en los centros para menores, donde la población es de casi 400 personas.
La reinserción y rehabilitación de los menores de edad infractores es una de las prioridades del sistema penitenciario. Por eso, cuando los jóvenes y niños son llevados a centros reciben lo que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) llama ‘Modelo de Atención Restaurativo’ .
Este modelo cuenta con cinco ejes de atención: educativo; de salud; de actividades ocupacionales y laborales; de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas; y, vinculación familiar y comunitaria.
Sin seguimiento
Sin embargo, una vez que cumplen su sentencia no existe un seguimiento de qué actividades cumplen, si vuelven a su escuela o al hogar, donde, en muchos casos, es un espacio violento.
Como lo indicó LA HORA, en su reportaje del 16 de febrero de 2023, hay niños que son reclutados por bandas narco-delincuenciales porque no pueden ir presos.
Eva Peñafiel, coordinadora nacional de protección infantil de Aldeas SOS, señala que los niños y adolescentes son inimputables, es decir que cuando cometen infracciones tipificadas en la Ley, no son objetos de juzgamiento.
Para esto, se determina que una persona es un niño cuando tiene hasta 11 años con 11 meses. Y hasta los 17 años 11 meses son adolescentes.
Peñafiel destaca, sin embargo, que es labor del Estado que los niños que han cometido un crimen tengan un seguimiento y un proceso de rehabilitación a través de medidas socioeducativas. Algo que no se cumple en Ecuador.
Un ejemplo de la falta de garantías sobre niños que cometen delitos es alias ‘Boquita’, uno de los cuatro aprehendidos por el secuestro de una pareja, en la Ruta VIVA, en Quito.
El secuestro en el que participó alias ‘Boquita’, de 13 años, sucedió a la medianoche del 11 de marzo de 2023. Pero un mes antes, el menor había participado en el asesinato de Freddy Bonilla, un policía que trabajaba en Esmeraldas.
El 13 de mayo, este menor recibió sentencia de siete años de aislamiento por el secuestro de la pareja.
Según la Policía Nacional, el menor no fue detenido en flagrancia y la audiencia de formulación de cargos por el asesinato del uniformado aún no se lleva a cabo, por tanto, el niño – que se presume fue quien disparó – no tenía seguimiento, lo que le dio vía libre para trasladarse a Quito.
Tras el rescate de la pareja secuestrada, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, indicó que el menor de edad es vigilado por uniformados de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).
Sin embargo, él no es el único con medidas cautelares por su participación en el secuestro, pues también hay una niña, de la misma edad, que era la encargada de sacar el dinero de los secuestrados, de cajeros automáticos.
El ejemplo de alias ‘Boquita’, no es el único que pone en evidencia la falta de seguimiento a menores que delinquen.
Cristian D., de 16 años, fue detenido por el asesinato del fiscal de Garantías Penales, Édgar Escobar Zambrano, en Guayaquil.
El joven de 16 años había salido del centro de reclusión, por robo, por lo que no tenía seguimiento tras su salida con medidas sustitutivas.
Peñafiel dice que hay un abandono del Estado en la prevención, pero también en los centros para jóvenes infractores. “Si para los centros de privación de libertad (adultos), no tienen personal especializado para la atención (…), donde hemos visto cómo se negocia la seguridad de la gente (…) con un adulto que puede decir algo, con un niño o niña mucho más. El Estado no invierte”.
Garantizar derechos
El problema es estructural, pues los niños, al no tener acompañamiento, seguimiento o acciones preventivas, regresan a sus hogares, donde seguramente son víctimas de abusos. Por eso, Peñafiel considera necesario que haya acciones concretas para los menores infractores. Por ejemplo, un seguimiento periódico de su desarrollo.
Peñafiel explica que la neuropsicología menciona que hay dos grandes momentos en el cerebro humano.
En los primeros años de vida hay un desarrollo neuronal para el aprendizaje y desarrollo de habilidades.
La segunda es una estructura neuronal y se da en la adolescencia, para que los niños puedan adaptarse a conexiones emocionales y sociales.
Con estos antecedentes, dice que “el Estado está a tiempo de ayudar a estos niños”. (AVV)