ALARMANTE | 72 docentes han denunciado amenazas o haber sido víctimas de extorsión en Ecuador

La Marea.- La creciente ola de inseguridad que afecta al país ha llegado también a las instituciones educativas. El Ministerio de Educación confirmó que, a nivel nacional, 72 docentes han presentado denuncias formales tras recibir amenazas o ser víctimas de extorsión por parte de bandas delictivas.

Ocho docentes en Manabí han denunciado extorsión

Aunque los casos más graves se han concentrado en las zonas urbanas de Guayaquil, Durán y San Borondón. Otras provincias como Manabí también registran este tipo de situaciones. La ministra de Educación, Alegría Crespo, informó que ocho docentes manabitas han sido incluidos en un plan especial de protección tras ser blanco de amenazas.

“Lo importante es que los docentes informen por los canales oficiales. Muchos tienen miedo de denunciar y eso nos impide actuar. Cuando conocemos el caso, tomamos medidas inmediatas”, expresó Crespo.

El protocolo activado por el Ministerio contempla la reubicación urgente de los maestros afectados, en lo que se ha denominado una “sectorización prioritaria”, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar. Esta medida busca proteger la integridad de los docentes y evitar que abandonen sus funciones debido al temor.

La UNE en Guayaquil solicita emergencia educativa

En medio de este contexto, el pasado 11 de junio, la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas solicitó al gobierno nacional que se declare una “emergencia educativa”. Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE en esa provincia, reveló que al menos 200 docentes han reportado ser extorsionados por bandas criminales, situación que ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre en escuelas y colegios.“Estamos viendo cómo el crimen organizado está afectando también a la educación. No se trata solo de proteger a los estudiantes, sino también a los maestros que arriesgan su seguridad por seguir enseñando”, sostuvo Menéndez.

La UNE y otras organizaciones gremiales exigen mayor resguardo policial, patrullaje en zonas escolares y acompañamiento psicológico para los docentes amenazados.

El gobierno, por su parte, ha manifestado su compromiso de reforzar la seguridad en los entornos escolares, especialmente en las provincias más golpeadas por el crimen organizado. Sin embargo, los maestros y padres de familia insisten en que se requieren acciones más rápidas y efectivas para garantizar un entorno seguro en los espacios educativos.

Mientras tanto, la preocupación crece en todo el país ante un fenómeno que amenaza no solo la seguridad del personal docente, sino también el derecho a una educación segura y libre de violencia.

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