ALARMANTE | Guayas y Pichincha suman el 48% de los casos de extorsión en Ecuador

Diario Primicias.- En un reciente operativo, agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía aprehendieron a 11 personas e incautaron cuatro armas, incluido un fusil. Los presuntos miembros de Los Lobos extorsionaban a dueños de locales en Guayaquil y Portoviejo.

Tres de los sospechosos operaban las negociaciones desde la cárcel, indicó el general Fausto Salinas, comandante general de la Policía. De hecho, exigían USD 1.000 como pago inicial en comercios y tiendas, y luego pedían USD 100 como pagos mensuales, explicó.

En lo que va del año, la Unase registra 2.700 denuncias a escala nacional por extorsión y 114 detenidos por este delito en 2023.

Se trata de un 58,33% más de detenciones respecto a los cinco primeros meses de 2022, cuando se registraban 72 aprehendidos, informó el coronel Wilson Zapata, jefe de la Unase.

Guayas concentra el 27% de las denuncias por extorsión en lo que va del año y le sigue de cerca Pichincha, con un 21% de las 2.700 denuncias.

Entre las provincias más afectadas están también El Oro (con 11%), Manabí (8%), Los Ríos (6%) y Esmeraldas (4,35%). Se trata de las seis provincias donde la Policía fortaleció sus unidades entre finales del año pasado e inicios de 2023, en un proceso que aún continúa.

Mientras, que la tarde de este miércoles 24 de mayo la Policía informó de la captura de ocho sospechosos, presuntos integrantes de Las Águilas en Naranjito (Guayas). Se trata de un grupo dedicado a la extorsión, asalto y robo, capturado con seis armas de fuego.

Los sospechosos detenidos en estos casos pueden enfrentar penas de hasta 10 años de prisión con agravantes, como los estipulan las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entraron en vigencia el pasado 29 de abril.

Banda usó empresa fachada

Uno de los golpes más llamativos por extorsión se produjo el pasado 17 de mayo cuando se detuvo a 21 personas en Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Los extorsionadores cobraban de USD 100 a USD 5.000, a través de una empresa de seguridad, una fachada que venía funcionando desde el 11 de noviembre de 2022.

La compañía Sevpro, bajo la fachada de servicio de seguridad, exigía pagos extorsivos a locales comerciales, taxis y mototaxistas.

 

La banda pedía pagos por supuesta seguridad y a quienes se negaban les enviaban mensajes amenazantes o, directamente, atentaban contra locales y vehículos.

Unos 800 negocios constaban en la lista de los extorsionadores. Es más, colocaban sellos a los locales extorsionados para garantizar que no fueran robados o atacados.

El general Fausto Salinas informó que la captura de 11 personas en poder de cuatro armas automáticas (un fusil), la madrugada del martes 23 de mayo, se logró gracias a una denuncia al 1800 Delito (1800-335486), opción 1.

Los presuntos integrantes de la banda Los Lobos actuaban en Bastión Popular, Prosperina, Juan Montalvo (en el norte de Guayaquil) y en Portoviejo ( Manabí).

Con amenazas e intimidación cobraban cuotas en comercios y tiendas de abastos, según la Policía. Agentes de Fiscalía y UNASE les siguieron la pista por casi tres meses.

Se allanaron siete inmuebles y uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, desde donde se realizaban llamadas extorsivas. Y se vinculó al caso a tres privados de la libertad.

Erika Gisella C.C., una de las detenidas, registra detenciones por terrorismo y tráfico de drogas. Los aprehendidos en este caso también cuentan con antecedentes penales por delitos como porte de armas, tráfico de droga, extorsión y secuestro.

Golpes a la extorsión

En los últimos 15 días, la Unase detuvo a 40 personas en diferentes operativos, según destacó el coronel Wilson Zapata. De hecho, le atribuye un mayor volumen de resultados a la implementación gradual de más unidades y capacidades en territorio.

“Además, mucha gente harta de prácticas extorsivas está perdiendo el miedo a denunciar”, añadió el jefe de antisecuestros y extorsión.

Hasta el año pasado, la Unase desplegaba agentes en Quito, Guayaquil y Manta. Ahora cuenta con unidades en las seis provincias más afectadas. Y, en paralelo, se capacitó a la policía preventiva para enfrentar mejor a la extorsión y para guiar a las víctimas.

Las bandas delictivas están usando este delito como “método de financiamiento de sus actividades ilegales”, según la Policía. Pero también se trata de delincuencia común, que suele atribuirse el nombre de grupos organizados para atemorizar a las víctimas.

Además, según las cifras de Unase, el 44% de las 2.700 denuncias procesadas este año aún corresponden a extorsiones virtuales. Es decir, la delincuencia se nutre de lo que encuentra sobre todo en en redes sociales para intentar obtener un rédito económico.

El 30% corresponde a extorsiones comunes. Se trata de casos en los que los perpetradores cuentan con mayor información de la víctima, como su lugar de trabajo o el sitio de estudios de los hijos. Y usan esos datos para amenazar o presionar un pago.

Las extorsiones periódicas a negocios representan el 24% de las denuncias de este año. Se trata de una práctica que creció 15 puntos porcentuales desde el año pasado, mientras que la extorsión sexual es el 2% de los hechos denunciados.

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