LaRepúblicaEc.- Seugún fuentes confirmadas de la Policía Nacional, en Ecuador hay 10 microcárteles en guerra que luchan por el territorio para distribuir drogas en pequeñas cantidades. Según la autoridad en dos décadas, esta pelea entre bandas se ha extendido a 12 provincias: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Carchi, Imbabura, Santo Domingo, Pichincha, Tungurahua y Loja.
El modus operandi, tal y como detallan las investigaciones, funciona de esta manera: primero convierten en adictas a las personas y les entregan el alcaloide para que lo vendan en escuelas o barrios y les pagan con dosis para su consumo.
Durante 2022, más de 70 mil personas fueron atendidas por drogadicción, una enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo e incontrolable de una droga. El Ministerio de Salud (MSP) no sabe cuántas personas la padecen actualmente, pero en el 2022, el sistema público atendió a 70 100 ciudadanos por consumo de drogas. Según detalla esa cartera de estado, dicha cifra recoge pacientes desde los nueve años de edad, pero la mayoría son adolescentes.
En el microtráfico, la cocaína sigue siendo el narcótico más común. No obstante, en las calles se comercializan otras sustancias como la denominada: H, plo plo, cryppi, marihuana y de manera escasa drogas sintéticas como el fentanilo.
Desde el 2008, el MSP tiene una política de atención que responde a la Constitución, que declaró a las adicciones como un problema de salud pública. ?????
Los pasos para proseguir con un tema de drogadicción es que, en primera instancia, el paciente acuda a un hospital para que médicos especialistas empiecen con el proceso de desintoxicación. Después, éste pueda ingresar de manera gratuita a uno de los 49 centros de tratamiento a personas con consumo problemático de drogas. La mayoría están ubicados en Guayas y Azuay.
Sin embargo, menos del 40% de ocupación tienen estos centros. En el 2022, ingresaron tan solo 563 usuarios, de los cuales el 29 % recibió el alta, mientras que el 71 % continúa en el proceso.
Las personas que se someten a estos tratamientos deben hacerlo de manera voluntaria, y aunque sus familiares intentan convencerlos, son ellos quienes deben firmar el consentimiento para empezar la rehabilitación. Lo que ocasiona que en algunos casos recaigan y dejen las instalaciones para seguir consumiendo.