(El Comercio) La calle de acceso más próxima al penal Bellavista en Santo Domingo quedó desolada y todas las arterias aledañas, libres al tránsito. El movimiento cesó y los ruidos desde el interior también.
Tras 48 horas de la segunda mayor crisis en este recinto, en el que murieron 12 reos que se enfrentaron, la incertidumbre persiste por las consecuencias de esa riña.
Los familiares de los detenidos son los portavoces del miedo que se vive en los pabellones de este centro de rehabilitación social.
Si bien eran pocos los que fueron este martes 19 de julio en busca de información, denunciaron que adentro el ambiente sigue “caliente”.
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En las comunicaciones de los presos con sus esposas y madres se les escucha sobre una advertencia. Que el liderato dentro de los pasillos y celdas sigue bajo un dominio. Se refieren a la banda delictiva Chone Killers, con su fracción R7, que, desde la salida de una parte de Los Lobos, ejerce influencia en ese presidio.
Esta última organización quedó debilitada luego de la matanza del pasado 9 de mayo, cuando sus seguidores fueron movilizados a otras cárceles.
Entonces Los Lobos fueron acusados de atacar a los R7.
El martes 19 de julio, las autoridades mencionaron nuevamente a estos últimos como los causantes de la reciente reyerta. Tanto es su poder de acción actual que evitan que haya sublevados, como de hecho sucedió el lunes 18 de julio, cuando acabaron con la integración de una nueva banda que el ciudadano de Venezuela alias ‘Goyo’ estaba conformando.
Las investigaciones preliminares lo confirman.
Pero no son los únicos que infunden miedo en ese penal. Aún hay vestigios de la influencia de Los Choneros y Lagartos.
La paz sin resultados
Estas disputas se han mantenido a pesar de que ocho bandas delictivas, entre ellas los R7, expresaron públicamente su voluntad de pacificación.
El pasado 17 de mayo se conoció que cuatro bandas (Tiguerones, Lobos, Chone Killers y Latin Kings) fueron las primeras en expresar su voluntad de alcanzar una tregua. Días después hicieron lo mismo las otras cuatro bandas (Los Lagartos, los R7, Los Choneros y Los Águilas).
Esto se logró tras la gestión que realizó la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación.
En diciembre del 2021, el actual Gobierno creó esta Comisión para enfrentar la violencia carcelaria. Durante seis meses expertos internacionales, nacionales, miembros de la sociedad civil, de la Iglesia y también académicos visitaron las cárceles del país y hablaron con los cabecillas.
El 16 de junio pasado, la Comisión de Pacificación terminó su gestión y entregó un informe final al presidente Guillermo Lasso.
Allí se reconoce que en los seis meses de trabajo no se concretó un acuerdo de paz en las cárceles, pero se señala que se logró una voluntad de tregua. Sin embargo, las masacres no pararon.
Por ejemplo, el pasado 3 de abril, 20 reos fueron asesinados en la cárcel de Turi, en Cuenca.
Y el pasado 9 de mayo, otros 44 presos murieron en la cárcel de Santo Domingo. Ambos hechos de violencia fueron por disputas entre bandas. De hecho, en el 2021 y 2022 se han producido siete masacres carcelarias en el país, en las que 363 reos perdieron la vida.
En el 2021, 287 internos fallecieron. En cambio, este año, ya se contabilizan 76 muertes. Según las autoridades, todos esos hechos violentos se desencadenaron por las pugnas de poder.
Aunque en este 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de 102 páginas, donde detalla la situación carcelaria del Ecuador.
Allí se menciona que una de las principales causas de la violencia es que el sistema de rehabilitación social no cuenta con una institucionalidad sólida.
“La falta de institucionalidad y lo que ello conlleva para la administración y gestión de los centros penitenciarios ha facilitado la corrupción, la violencia entre grupos criminales en las cárceles, y la consecuente pérdida del control de los centros”, detalla el documento de ese organismo internacional.
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