El incremento de la violencia criminal en las provincias y cantones, en donde operan organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico, obligó a los alcaldes y prefectos a buscar seguridad policial.
27 burgomaestres del país han solicitado resguardo del estado, y por el momento, 15 ya lo tienen. Las autoridades seccionales que han pedido esta ayuda pertenecen a las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro.
Se les proporciona agentes y equipos de la Policía Nacional tras un análisis de riesgo por amenazas y posibles atentados a su integridad o a la de sus familias.
Además, el Ministerio del Interior autorizó el resguardo a cinco prefectos y un viceprefecto. Los nombres de las autoridades no fueron revelados por seguridad.
Los alcaldes y prefectos solicitaron el resguardo policial tras dos eventos violentos. El primero fue el ataque armado que sufrió el alcalde de Durán, Luis Chonillo el 15 de mayo, cuando se dirigía a la primera sesión del Concejo Municipal. Dos personas murieron y cinco resultaron heridas.
El segundo fue el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, el 23 de julio, durante un evento público de inauguración de obras. En aquel ataque también murió una deportista.
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