Un policía fue procesado por el presunto delito de hurto de lo incautado, luego de un operativo ejecutado el 29 de mayo de 2025, en Quito. Durante la audiencia de flagrancia desarrollada el 30 de mayo en la Unidad Judicial Penal de la parroquia Mariscal Sucre, la Fiscalía expuso los elementos que darían cuenta de una posible apropiación de evidencia por parte del uniformado.
Según el parte policial presentado por los agentes aprehensores, tras una persecución, el hoy procesado habría ingresado a un domicilio y recuperado diversas evidencias, entre ellas un arma, una cartuchera, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias. De acuerdo con lo narrado por el sospechoso, el dinero supuestamente sobresalía de su chaleco, por lo que podía ser visto. Además, sostuvo que lo guardó por orden de su superior y señaló que no estuvo presente en el momento en que se pedía la entrega del dinero, ya que seguía en medio del operativo.
Durante la diligencia, el fiscal del caso solicitó al juez la calificación de flagrancia y la legalización de la detención, amparado en los artículos 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El juez acogió el pedido y dio paso al inicio de la instrucción fiscal, la cual se tramitará mediante procedimiento directo. La audiencia de juzgamiento fue fijada para el 20 de junio de 2025 a las 10:30.
Ya hay fecha para definir el futuro del policía procesado en Quito
La Fiscalía sustentó su acusación con varios elementos de convicción, entre ellos: el parte policial, acta de derechos constitucionales, reporte del sistema SIIPNE, informe médico del detenido, cadena de custodia, informe pericial de reconocimiento y avalúo de evidencias, denuncia, y versiones de los agentes aprehensores. En cuanto a las medidas cautelares, el juez dictó la prohibición de salida del país para el procesado y su presentación semanal ante la Fiscalía cada lunes, siendo la primera el 2 de junio. Estas medidas, según se detalló, buscan asegurar la comparecencia del implicado al proceso penal.
Finalmente, y mientras se sustancia la investigación, el juez ordenó su inmediata libertad con las condiciones impuestas, advirtiendo que el incumplimiento de estas medidas podría configurar un nuevo delito por desobedecer decisiones legítimas.