La Asamblea Nacional censuró al ex asambleísta, Daniel Mendoza Arévalo, al haber incurrido en las prohibiciones establecidas en la Ley de la Función Legislativa relacionadas con tramitar, recibir y administrar recursos del presupuesto del Estado; en este caso, para la construcción del hospital básico de Pedernales, en la provincia de Manabí.
La decisión fue tomada con 123 votos, tras conocer el informe de la Comisión Multipartidista integrada por los asambleístas: Xavier Casanova (AP); Ronny Aleaga (RC); y, Héctor Yépez (CREO), que investigó al ex legislador Daniel Mendoza, tras las denuncias presentadas las legisladoras Tanlly Vera (CREO) y Verónica Guevara (RC), a quien lo acusaron de corrupción.
En la resolución aprobada, el pleno exige al presidente de la República, Lenin Moreno, la remoción de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por haber ella reconocido durante su comparecencia en la Comisión Multipartidista haber recibido sugerencias de nombres por parte del ex asambleísta investigado que luego fueron designados para ejercer cargos públicos.
La moción planteada por Héctor Yépez (CREO), exige al presidente de la Asamblea, César Litardo, que en el plazo de 48 horas convoque al CAL y dé trámite a las solicitudes de juicio político que han sido presentadas y se encuentran pendientes de calificación.
Además plantea que la Fiscalía General del Estado investigue y procese a todos los involucrados en el gobierno nacional, la Asamblea Nacional, demás instituciones públicas y sector privado, sobre los escándalos en la salud pública para lo cual deberá remitirse todo lo actuado por la comisión investigadora.
El también dispone al Presidente de la Asamblea, que en la próxima sesión del pleno No. 681, se incluya como punto dos del orden del día, el cambio de las y los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Durante el debate de la resolución asambleístas de todas las bancadas se pronunciaron respecto a una depuración de la legislatura por las denuncias sobre un supuesto reparto de hospitales. En medio de ese escenario, los legisladores Jimmy Candell (BIN); Rosa Orellana (AP); y, César Solórzano (BIN), rechazaron la publicación en un medio digital donde son incluidos como parte del reparto de hospitales. Candell anunció acciones legales para defender su honor.
Recomendaciones del informe
Comisión Multipartidista recomendó al pleno que censure públicamente el accionar de Daniel Mendoza, quien renunció al cargo de asambleísta un día antes de que la comisión apruebe el informe. La principal causal es haber percibido dietas y otros ingresos distintos a la función de asambleístas, y por ofrecer, tramitar y administrar recursos del presupuesto general del Estado.
Que el informe sea enviado a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado a efectos de que realicen las investigaciones que el caso amerita y que son de su competencia, a fin de que determinen las responsabilidades a las que haya lugar.
Al acoger el informe de la Comisión, se recomienda el develamiento de una placa con un crespón negro y con letras claras al ingreso del Palacio Legislativo, con el siguiente mensaje: “La Asamblea Nacional en aras de la lucha frontal contra la corrupción, censuró públicamente a Daniel Isaac Mendoza Arévalo por enfrentar formulaciones de cargos penales que los vinculan a redes de corrupción y lavado de activos, que se han apropiado indebidamente de recursos públicos para la construcción del hospital básico de Pedernales en la Provincia de Manabí y los han destinado a satisfacer fines particulares.
Valoración de pruebas
En el informe contenido en 26 fojas, la Comisión determinó que ninguna de las pruebas aportadas fue refutada en el momento procesal, y que el descargo se basó en un testimonio personal; por lo tanto, Daniel Mendoza habría incurrido en la prohibición para los asambleístas prevista en el Art. 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en concordancia con el Art.127 numeral 4 de la Constitución de la República, relacionado con percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta.
Que Mendoza Arévalo sobrepasó los límites de su accionar político como servidor público, que son los de legislar y fiscalizar; es decir, «sin límites y con excelsa y notoria ambición» trasgredió la barrera de sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, pues valiéndose de su calidad y condición de legislador violentó el mandato que otorgó el mandante al dedicarse a ofrecer, tramitar, recibiendo y administrando recursos del presupuesto general del Estado que eran destinados para la construcción de una obra pública en este caso la de una casa de salud en el cantón Pedernales de la provincia de Manabí. Que estos otros ingresos fueron ilegales e ilegítimos y se consideran como ingresos fruto de la corrupción siendo no justificables a la función como asambleísta.
A su vez, se determinó que existió una omisión del asambleísta denunciado en sus funciones al momento de la falta de control de las actividades realizadas por Jean Carlos Benavidez, quien fungió en calidad de asesor 1 del denunciado, incurriendo también en inobservancia del artículo 233 de la Constitución al no haber controlado ni denunciado las irregularidades de dicho funcionario bajo su directa subordinación.
Que la relación laboral del asambleísta Mendoza con Jean Carlos Benavides su ex asesor, que como es de conocimiento público ha sido detenido y procesado por una red de corrupción en la provincia de Manabí, y que estaría realizando actividades irregulares durante horas laborables presuntamente vinculadas a ofrecer, tramitar, recibir recursos del presupuesto general del Estado desde la cuenta de la empresa contratada para la construcción del hospital de Pedernales, fondos públicos entregados a través de terceros, que conforme señalan las investigaciones eran para entregarse presuntamente al asambleísta.
Que se pudo demostrar que el nexo o relación no solo se extiende al ejercicio de actividades laborales entre el legislador Daniel Mendoza, como el mismo lo afirmo en su comparencencia de 1 de julio de 2020, la relación con el procesado Jean Carlos Benavides, es de hecho, estrecha y va más allá del ámbito laboral, es muy cercana; estas dos personas confluyen en ser representantes de un movimiento político Mejor, tanto en su calidad de presidente y de secretario ejecutivo, en su orden.
Es así que conforme al operativo ejecutado por la fuerza pública e investigaciones Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de Manabí, se decomisaron además de dinero que presuntamente son fruto y provienen de actividades ilegales, se encontró una agenda de notas en la que en la parte inferior se lee con claridad, “Campaña Mejor”; “Campaña DM”, iniciales que presuntamente coinciden con el nombre y apellido del asambleísta Daniel Mendoza.
Es decir, que los fondos públicos destinados para la construcción del hospital básico en el cantón Pedernales de la provincia de Manabí, estaban siendo utilizados presuntamente para fines electorales y en eventos políticos proselitistas y promocionales con el objetivo de posesionar a la persona de las siglas e iniciales “DM”; configurándose presumiblemente en la figura de percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no le sea correspondientes a su función de asambleísta, actividad que evidentemente es contraria al ordenamiento jurídico.
Descargos del acusado
Durante el proceso de investigación, según el informe, Mendoza señaló que está se lo acusa de manera infundada, y que la comisión y los demás legisladores actúan en calidad de fiscales o jueces con la finalidad de tener rentabilidad política con fines electorales.
En cuanto a su relación con Jean Carlos Benavidez manifestó que si existe una cercanía ya que fue su asesor y secretario de su movimiento político, pero que no puede él responder por los actos de otra persona.
En lo relacionado con el hospital de Pedernales precisa que esta acción depende del Ejecutivo, por lo tanto, quienes deben responder por el buen uso de los recursos y la construcción de dicha casa de salud son los funcionarios competentes.
En cuanto al proceso judicial iniciado en su contra, comentó que desde el inicio hizo público su apoyo a la justicia y se prestó a rendir las versiones que sean necesarias. En lo correspondiente a la denuncia del incremento injustificado de su patrimonio señaló que esta obedece a una omisión involuntaria al momento de no ingresar a su declaración de bienes un crédito obtenido para la construcción de un inmueble; en cuanto a su accionar como asambleísta anotó que no ha ofrecido tramitado u obtenido recurso alguno del presupuesto general del Estado, recalcó que no tiene nada que ver con la construcción del hospital de Pedernales o con los funcionarios del Servicio Nacional de Contratación de Obras, que no se ha tomado en cuenta la presunción de inocencia y que tener un expediente fiscal no implica prueba alguna en su contra.
En el informe se incluye el testimonio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, donde expresó que es falto que el asambleísta Daniel Mendoza es el presidente del movimiento nacional Amigo; así como es falso que Jean Carlos Benavides, es secretario de dicho movimiento; y que es falso que la inscripción del movimiento en cuestión se la realizó en el tiempo record de quince días, pues en realidad dijo que fueron 685 días.
En la comparecencia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, según señala el informe la funcionaria recordó que es la denunciante en el caso relacionado con la construcción del hospital básico de Pedernales, que desconoce si Mendoza, está involucrado, aunque admitió que mantuvo varias reuniones con el denunciado. (El Universo)