Hoy, a las 10:30, está previsto que la coalición AP, CREO, PK, PSP, FE e independientes oficialicen el pedido de juicio político en contra de cuatro de siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Los asambleístas Jeannine Cruz (CREO) y Raúl Tello (BADI) tienen listo el expediente de la solicitud que será materializada hoy, afirmó Cruz, quien destacó que es evidente el incumplimiento de funciones de los consejeros José Tuárez, presidente del CPCCS, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez.
Cruz insistió que es evidente que los cuatro consejeros cometieron desacato cuando no observaron el fallo de la Corte Constitucional que blindó las resoluciones del Consejo transitorio.
Esta será una de las acciones que emprenderá la Asamblea frente al CPCCS, porque también tiene previsto tramitar esta semana una resolución para elevar a consulta a la Corte Constitucional respecto a una enmienda o reforma a la Constitución para limitar las atribuciones de ese organismo en la designación de autoridades.
En materia de Fiscalización, hasta el jueves la Comisión de Fiscalización aprobará el informe respecto a la solicitud de juicio político planteado en contra de la exministra de Salud Verónica Espinosa, acusada de incumplimiento de funciones en el sistema nacional de salud, y además irregularidades en la compra de medicamentos y fortalecimiento de la atención hospitalaria.
El proceso fue planteado por la legisladora Mae Montaño (antes CREO), quien anticipó que en la comisión presidida por Johanna Cedeño (AP), no hay un ambiente político para aprobar un informe para recomendar al pleno para enjuiciar y censurar a la exfuncionaria de Salud.
Dos órdenes cautelares en contra de Consejo
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debe cumplir dos órdenes de medida cautelar dictadas por la justicia ordinaria, que le impiden poner en funciones a una comisión de abogados para que revisen la elección de los jueces de la Corte Constitucional (CC), que realizó el Consejo Transitorio.
El 12 de julio último, el juez Miguel Michuy, de la Unidad de Contravenciones de Tránsito, aceptó un recurso de medida cautelar planteado por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García Falconí, que dispuso la suspensión inmediata de las funciones de esa comisión.
Dicha instancia se creó con los votos de los consejeros José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, pese a que existe una sentencia de la CC que determinó que no se puede revisar lo hecho por el Transitorio.
García consideró ayer que los consejeros incurrieron en el delito de desacato. Y advirtió que si ellos dan “medio paso más” en insistir en revisar lo actuado por sus antecesores, buscarán su destitución.
Esta es la segunda medida cautelar. Hay otra orden vigente desde el 11 de julio, planteada por el legislador Fabricio Villamar (Ahora). (El Universo)