La Comisión de Derechos Colectivos recomendará al pleno de la Asamblea insistir en seis temas vetados por el Ejecutivo en las reformas a la Ley de Comunicación (LOC).
El informe acepta veinte objeciones y en las seis restantes plantea que se mantenga lo aprobado en el pleno.
Las más polémicas son tres: la integración y atribuciones del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom); la responsabilidad civil por la afectación de los derechos; y, la producción y pautaje de publicidad nacional.
En la integración del Cordicom, el Ejecutivo propone reducir de catorce a cinco sus miembros, dejando de lado la representación de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios; a los gremios, grupos sociales y a los representantes de los medios públicos, privados y comunitarios, aunque estos no tendrían voto.
Según el Ejecutivo, en la forma está planteada su integración violenta el artículo 232 de la Constitución respecto a que las entidades de regulación puedan integrarse como miembros de entidades reguladas.
En el tema de la responsabilidad civil, la Asamblea insiste que tanto las personas naturales y jurídicas serán civilmente responsables por las indemnizaciones y compensaciones que correspondan por el incumplimiento de su obligación de realizar rectificaciones o réplicas o por las afectaciones a los derechos humanos, reputación, honor y el buen nombre de quienes se consideren afectados. El Ejecutivo consideró que esa responsabilidad debe establecerse en contra de quien se pueda imputar la afectación de los derechos.
La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida en territorio ecuatoriano por personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes en el Ecuador. Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país. La objeción a este tema tampoco pasó en la Comisión presidida por Jorge Corozo (AP).
Según el Gobierno, esta norma debe derogarse porque el Ecuador asumió diversos compromisos internacionales con la suscripción de tratados y convenios que prohíben incorporar en la legislación nacional restricciones. (El Universo)
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