El trabajo va en desorden. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que los pedidos de juicio político se tramitarán en orden cronológico, esto es, en el orden que han sido presentados. Sin embargo, la calificación de los proceso en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en la Comisión de Fiscalización, siguen otro orden.
Según el ofrecimiento de Litardo, el primer juicio a seguir por parte de la Comisión debía ser en contra Martínez; sin embargo, este ha quedado relegado y la Mesa, la semana pasada calificó a trámite ala del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres.
La presentación de los procesos políticos en estos últimos meses ha sido el siguiente: El 23 de julio de 2019, con el respaldo de 37 firmas, se oficializó la solicitud de interpelación en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, acusado de incumplimiento de funciones por los supuestos incumplimiento de asignación a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), establecidos en la Ley Amazónica y la Ley de Desarrollo Fronterizo.
La interpelación la presentó el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Yofre Poma, quien al momento está detenido acusado del delito de paralización de servicios públicos, el cual está sancionado con una pena privativa de la libertad de uno a tres años de prisión.
En tanto, el 7 de agosto de 2019, los asambleístas Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret (RC), presentaron el pedido de juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, acusándole de incumplir sus funciones al no entregar los recursos, que por ley, les correspondía a las delegaciones provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se lo oficializó con 37 firmas.
Finalmente, el 24 de septiembre de 2019, la asambleísta Amapola Naranjo (RC), con el respaldo de 36 asambleístas presentó en Gestión Documental de la Asamblea Nacional la solicitud de interpelación en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La legisladora le acusa de incumplir sus funciones ante el incremento en la inseguridad ciudadana, el incremento en el número de femicidios, crisis carcelaria e incumplimiento de la Ley de Prevención contra la Violencia a la Mujer.
Cabe señalar, que durante la administración de César Litardo, se tramitó el juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoría Desintonio. La solicitud de juicio en contra de los exvocales del organismo ciudadano se presentó en julio de 2019, y su censura y posterior destitución se dio el 14 de agosto. (EXPRESO)