Una nueva investigación. El asambleísta independiente, Fabricio Villamar, presentó hoy, 10 de febrero de 2020, una denuncia por gestionar cargos públicos en contra de la asambleísta de la Alianza PAIS, Karina Arteaga, actual presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. La acusación deberá ser conocida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que inicie el proceso al interior del Legislativo.
El asambleísta afirmó que las denuncias que se han presentado en contra de la Arteaga, por cobro de dinero a cambio de dar un puesto al interior de la Asamblea, constituyen una causal de destitución establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
“Si para laborar en el despacho de determinada asambleísta, se cobraban recursos y esos recursos eran recibidos en sus cuentas o en la de sus familiares, evidentemente se configura la infracción de gestionar cargo público”, aseveró el asambleísta
Además, Villamar dijo que la legisladora tiene a varios parientes trabajando en instituciones de Gobierno en la provincia de Manabí, de donde es oriunda. “En la provincia de Manabí, el señor Ricardo Oriol Arteaga Muñoz, hermano, trabaja para el Gobierno; en el ministerio de Salud, María Solanda Arteaga Soledispa trabaja como analista de adquisiciones, es cuñada; José Isidro Andrade Vera trabaja en el ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, es Director de Pesca Artesanal, es el yerno; Katiusca Araceli Saltos Arteaga, en el ministerio de Salud Pública como odontóloga general, es sobrina; Mirian Alexandra Arteaga Palma, en el IESS, es auxiliar de rehabilitación, es sobrina”, señaló Villamar.
También, como prueba adjuntó un vídeo en el que Ernesto Andrade, abogado de profesión, agradece a la asambleísta Arteaga por haberle dado el puesto en el ministerio de Cultura en Manabí.
Villamar, con la denuncia presentada, solicitó la conformación de la Comisión Multipartidista para que investigue el caso. Este organismo tiene diez días para revisar las pruebas de cargo y de descargo, y emitir un informe en el que recomiende, argumentadamente, el archivo de la denuncia o que el tema pase al pleno para que se proceda con la destitución, de ser el caso, de la asambleísta.
Como parte de los requisitos, el legislador deberá presentar una declaración juramentada con la denuncia hecha, para que se inicie el procedimiento al interior de la Legislatura. (Expreso)