Diario La República Ec.- El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue el crecimiento económico de Johana Núñez, actual prefecta y candidata a la reelección en Santo Domingo de los Tsáchilas, por la Revolución Ciudadana.
El legislador reveló que el Frente Parlamentario Anticorrupción cumplió con la investigación para identificar los presuntos vínculos entre estructuras delictivas con candidatos a gobiernos locales y otros líderes políticos. Al momento, han presentado a la Fiscalía General del Estado dos informes con un total de 24 nombres de candidatos y personas vinculadas, y hasta el viernes presentarán cuatro nombres más donde se incluirá a la prefecta de Santo Domingo, Johana Núñez.
A la Fiscalía pedirán que a la candidata a la reelección como prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, se investigue sus cuentas bancarias, el crecimiento económico de los últimos años y también los vínculos con el abogado del ex vicepresidente Jorge Glas, Edison Loaiza Granda, porque también es el abogado patrocinador de la candidata y un sobrino de él es el asesor de la aspirante a la reelección.
Rostros e identidades
Villavicencio aclaró que el grupo parlamentario no ha ocultado los rostros ni tampoco las identidades de los candidatos vinculados, y que lo presentado en la Fiscalía no es un perfilamiento de memes o un monitoreo de redes sociales; sino un informe de investigación trabajado con base a información de la Función Judicial, de la Fiscalía, de los organismos de inteligencia y de la Policía Nacional.
Esta indagación previa está abierta en la Fiscalía, y que los peligros señalados están orientados a candidaturas de provincias fronterizas como Sucumbíos, Esmeraldas y Manabí. Recordó que hay información que procesa la Fiscalía sobre la candidata, Adis Solís, a la alcaldía de San Lorenzo por el movimiento Revolución Ciudadana y que «mantiene vínculos con estructuras narcodelictivas, cuya candidatura es clave por cuanto ese cantón es una de las zonas más calientes de frontera con Colombia, pues es un sitio de tránsito de cocaína».
Igual existe información de los vínculos del narcotraficante Enrique Portocarrero con varias candidaturas en la provincia de Esmeraldas y sus relaciones comerciales creadas en esa provincia. Al menos cinco candidaturas de las provincias de Esmeraldas y Manabí estarían relacionadas con esta estructura criminal, anotó.
En el momento que la Fiscalía termine su trabajo deberá iniciar acciones penales en contra de los ahora candidatos que se habrán convertido en autoridades. Hay suficientes elementos presentados para que la Fiscalía avance en el trabajo; «no crean que se van a salvar, el país los puede elegir, pero luego la justicia les tiene que poner la mano encima», afirmó Villavicencio.
Juicio político al CNE
Una vez que concluya el proceso electoral y se conozca los resultados de las elecciones seccionales de 2023, los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), serán sometidos a un juicio político por incumplimiento de funciones en el control electoral de proceso de 2023, anunció Fernando Villavicencio.
La legisladora Sofía Sánchez (PK) e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción cuestionó que el actual CNE, que tiene más de cinco años en funciones no haya solicitado cambios a la legislación para poder controlar la filtración del narcotráfico y crimen organizado en las organizaciones políticas y candidatos a las elecciones seccionales. Los miembros del Consejo Electoral son cómplices y responsables de la falta de control electoral en el país, anotó.
Pedido de información
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral convocó al ministro del Interior, Juan Zapata, para que informe detalladamente sobre 28 candidatos que presuntamente tendrían vínculos con el narcotráfico, minería ilegal y otros delitos; pero el funcionario se excusó lo que provocó el rechazo a la legisladora Patricia Núñez (UNES), que presidió la mesa legislativa.
También esperaban conocer detalles sobre las investigaciones realizadas por el Ministerio del Interior para llegar a la conclusión de que las personas investigadas pertenecen a diferentes partidos políticos en once provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Azuay y Sucumbíos.