En una sesión del Pleno celebrada en Machala, la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos afirmativos una resolución para respaldar los procesos de fiscalización sobre la grave crisis de agua potable que afecta a las provincias de Manabí y El Oro. La iniciativa busca investigar a fondo la gestión de los proyectos hídricos actuales y garantizar que miles de familias accedan finalmente a este servicio básico indispensable.
La moción, impulsada por el legislador Mario Amado Zambrano, establece un firme apoyo institucional a los colectivos ciudadanos que vigilan el manejo de infraestructuras críticas, como la planta de tratamiento La Estancilla. Esta planta es vital para el abastecimiento de los cantones Tosagua, San Vicente, Sucre, Bolívar y Junín, mientras que en El Oro se priorizará el seguimiento al proyecto mancomunado «La Esperanza», que involucra a las ciudades de Machala, Pasaje y El Guabo.
Como parte de esta resolución, la Comisión de Fiscalización y Control Político recibió la disposición de iniciar una investigación integral sobre las actuaciones de las autoridades responsables. Esta instancia legislativa tendrá la facultad de requerir información técnica y convocar a comparecencias obligatorias para esclarecer posibles irregularidades administrativas, cobros indebidos y el destino de los recursos destinados a la mejora de los sistemas hídricos.
Durante el debate, se expusieron cifras alarmantes: en Manabí, aproximadamente el 40 % de los hogares carece de acceso adecuado al agua potable, afectando a más de medio millón de personas. Los asambleístas denunciaron que, pese a realizar los pagos mensuales por el servicio, la ciudadanía recibe agua contaminada o debe depender de la distribución mediante tanqueros, los cuales operan en condiciones sanitarias deficientes y sin una regulación clara.
Finalmente, la sesión puso bajo la lupa proyectos fallidos o estancados, como el de «La Esperanza» en El Oro, cuya inversión de 37 millones de dólares no se concretó a pesar del financiamiento internacional. Ante este panorama, el Legislativo enfatizó la necesidad de transparentar el uso de los fondos públicos y asegurar que las inversiones, como los más de 111 millones de dólares anunciados por el Ejecutivo para la zona norte de Manabí, se traduzcan en soluciones reales y permanentes para la población.
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