En la sesión 055 de este domingo 1 de febrero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite dos proyectos de ley orgánica “urgentes en materia económica” enviados por el Ejecutivo el 27 de enero: uno para fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía y otro que reforma el COOTAD para fijar reglas de sostenibilidad y eficiencia del gasto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Con el visto bueno técnico-jurídico no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa, ambas iniciativas fueron enviadas a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, donde se concentrará el primer pulso político de los textos.
Dos rutas, un mismo objetivo: ingresos e inversión
El proyecto sobre minería y energía plantea modernizar el marco legal para atraer inversión con seguridad jurídica y eficiencia regulatoria, además de apuntalar ingresos fiscales y suministro eléctrico.
En paralelo, la reforma al COOTAD propone reglas fiscales para “cuidar” la caja de los GAD y priorizar inversión y servicios: entre sus ejes está la obligación de destinar al menos 70% del presupuesto de inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.
Al tratarse de proyectos económicos urgentes, la Asamblea activa el plazo legal de 30 días para su tratamiento.
Juicio político al CPCCS y pedidos de información
En la misma sesión, el CAL avocó conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político presentada por los asambleístas Luis Molina y Héctor Rodríguez contra consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero, Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero y Piedad del Rocío Cuarán; y pidió a la UTL un informe de requisitos en un máximo de tres días.
Además, revisó tres informes sobre requerimientos de información de los asambleístas Gabriela Molina, Xavier Lasso y Liliana Durán: el expediente de Molina irá a la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte y el de Durán a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, conforme el artículo 76 de la LOFL.
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