Ni bien el Gobierno había terminado de controlar una jornada de protestas en el Carchi, se encontró con el paro de transportistas a nivel nacional. Mientras se llegaba a acuerdos para que esa provincia obtenga incentivos para el sector comercial y productivo, los choferes reclamaban el alza de tarifas.
Con ese escenario, la paralización del transporte público de pasajeros –que empezó el 3 octubre, por la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel– fue uno de los detonantes de las protestas.
Pese a que en los discursos duró 24 horas, en la práctica no hubo buses ni taxis durante los once días de protestas, lo que contribuyó al ambiente de caos de esas manifestaciones.
Las calles amanecieron sin unidades, por lo que el régimen, que había decretado estado de excepción, ordenó a los militares prestar ese servicio, controlar la movilización.
Incluso, dispuso la detención de sus dirigentes por el delito de paralización de un servicio público.
El gremio del transporte, al igual que los indígenas y movimientos sociales, exigió la derogatoria del Decreto 883, porque eso implicaba un incremento de sus costos.
Sin embargo, el gremio de taxistas permaneció paralizado durante las manifestaciones. Su dirigente, Jorge Calderón, sigue con orden de detención provisional por el delito de paralización de un servicio público. Ha presentado varios recursos ante la justicia y el caso está por resolverse por el juez Wilson Lema.
La protesta de los taxistas no solo se enfocó en el posible incremento de los combustibles, sino también en el cumplimiento del Gobierno de los acuerdos a los que llegaron en diciembre de 2018, cuando –por un alza de $0,37 en la gasolina– se acordó un subsidio para cada taxi. Esa medida no se ha cumplido a cabalidad, pese a que ya van diez meses de anunciada.
Los transportistas pesados no plegaron al paro, pues acordaron con el régimen un plan de reactivación que incluía un programa de chatarrización, bajas arancelarias en repuestos, insumos, llantas, aceites y lubricantes.
Sin embargo, una vez que el Gobierno tuvo que ceder ante las demandas del movimiento indígena, la dirigencia del transporte pesado cree que el galón de diésel no debe subir para este sector, por lo que pide que el nuevo decreto, para la focalización, no debe incluir subsidios indirectos o emisión de bonos o tarjetas.
Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, pidió que se incorpore a su gremio a las mesas de diálogo abiertas con los movimientos indígenas para explicar su posición. (El Universo)