Solo un mes estuvieron libres Junior V.M y Julio B.F., de 22 y 24 años. Ambos fueron capturados con 10 personas más el 30 de enero en Manabí por parte de agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA). La captura ocurrió en la ruta Manta – Puerto Cayo, donde transitaba la avanzada presidencial.
Los sospechosos serían del grupo criminal Los Lobos y tenían armamento y equipos sofisticados. El sábado 1 de febrero, Daniel Noboa detalló los nombres en redes sociales, donde añadió que tenían prendas policiales y militares, además de un dron y teléfonos satelitales.
La muerte de Andrade ocurrió dentro de la casa de salud entre las 06h00 y 08h00 del 21 de agosto. Las cámaras de vigilancia grabaron cuando dos hombres llegaron en un carro negro, amenazaron al personal de seguridad y avanzaron hasta el puesto de Andrade y le dispararon ocho veces.
Luego del crimen, huyeron y a pocas cuadras de distancia prendieron fuego a ese vehículo y se embarcaron en un taxi hasta el barrio Ubirios 2, donde los policías capturaron a los sospechosos. Durante la persecución, según el informe, hubo disparos y uno de los implicados resultó herido.
El 21 de agosto del año pasado, un juez dictó prisión preventiva contra Junior V. M. y Julio B. F., por asesinato. Y ordenó que fueran trasladados a una cárcel en Guayaquil. Casi enseguida, el fiscal del caso Marcelo Vásconez, ordenó que se recopile la información de las cámaras de vigilancia del hospital y de los celulares de los sospechosos.
También dispuso pericias de audio, pruebas balística, cotejamiento de imágenes y toma de muestras de rastros de pólvora. Además se recopiló la ropa que vestían los implicados y que supuestamente coincidía con la que usaron los criminales.
Para octubre, el fiscal Vásconez solicitó el cierre de la instrucción fiscal y pidió fecha para la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia debía ser el 16 de octubre del 2024 pero se suspendió.
Nueve días después, el 25 de octubre, el fiscal Marcelo Vásconez y su custodio fueron acribillados en Manta. El doble asesinato ocurrió a pocos metros del edificio de la Fiscalía y en ese mismo sector, el vehículo usado por los sicarios fue incinerado.
Después del hecho violento, aunque no consta en el Consejo de la Judicatura, el caso recayó en otro fiscal. Así mismo, se dispuso nueva fecha para la audiencia preparatoria de juicio el 13 de noviembre. La diligencia se aplazó al menos dos veces más hasta el 11 de diciembre del 2024.
En la audiencia se expusieron las pruebas contra Junior V. M. y Julio B. F. Según los informes que elaboraron los agentes especializados, ambos tenían rastros de pólvora en las manos. También había manchas de sangre en las pantalonetas que usaron el día de su detención.
Así mismo, supuestamente la ropa y sus características físicas, coincidían con las imágenes de las cámaras de vigilancia recopiladas. Sin embargo, según el acta de la audiencia, se detalló que las imágenes no cumplían con «los requisitos indispensables para este tipo de cotejo fisonómico morfológico, en cuanto a la calidad, resolución y encuadre».
Además, se alegó que supuestamente no hubo información relevante en los celulares de los sospechosos, como conversaciones que hablen sobre cometer algún crimen o fotografías sospechosas. Sobre los rastros de pólvora, se consideró que los implicados tenían partículas porque sí habrían disparado contra los uniformados pero que eso no aseguraba que hayan detonado las armas contra la víctima en el hospital.
También se cuestionó que pese a que un testigo mencionó a otras dos personas presuntamente implicadas en el caso, no se las haya convocado para rendir versión. Tampoco al personal encargado del monitoreo de las cámaras de vigilancia del hospital y que supuestamente no dieron la alerta oportuna de lo ocurrido.
Por eso, Junior V. M. y Julio B. F. fueron sobreseídos. Es decir, quedaron libres. El juez decidió absolver a los sospechosos del caso por «no encontrar suficientes elementos de convicción que hagan presumir su participación en el delito investigado». La resolución se publicó el 9 de enero del 2025 en la página del Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, un mes después, el 30 de enero del 2025, Junior V. M. y Julio B. F., fueron capturados nuevamente en Manabí. Estaban con 10 personas más y se les encontró fusiles, un dron, radios, teléfonos satelitales y otros equipos sofisticados. Por este caso, se les dictó prisión preventiva por el delito de tráfico de armas.
¿Quiénes son los otros detenidos?
De los otros 10 sospechosos por tráfico de armas, cinco registran antecedentes judiciales. Y uno, ni siquiera consta el este último proceso. Es Carlos Julio C. F.
Ecuavisa.com revisó la página de la Judicatura. Allí se constató que por ejemplo Andy Lisman T. V., de 30 años, tiene antecedentes por porte de armas, lesiones y robo. César M. B., de 40 años, reporta un proceso por robo.
José Elías R. P., de 34 años, tiene antecedentes por robo y porte de armas. Luis Miguel J. R., de 34 años, tiene procesos por evasión y robo. Mientras que José Miguel V. P., de 46, ha sido detenido anteriormente por receptación.