Si se pregunta por qué la calidad y la velocidad de su servicio de telefonía móvil no es el óptimo, una de las razones de fondo es que, hasta el momento, solo se ha concesionado la utilización del 30% del espectro radioeléctrico.
En otras palabras, el 70% del espectro (espacio aire para ampliar el servicio y mejorarlo) está sin uso en un país que todavía tiene grandes brechas de cobertura en las zonas rurales; además de problemas de intermitencias y fallas en las grandes ciudades y zonas más pobladas.
Según un informe de GSM Intelligence, Ecuador es el tercer país con menos espectro radioeléctrico entregado a las operadoras móviles con presencia en el mercado interno.
En total, se han concesionado 280 Megahercios (Mhz), y solo economías como la panameña y la guatemalteca tienen menos utilización de bandas de telecomunicaciones que Ecuador.
Esto, de acuerdo con Andrea Morales, ingeniera en telecomunicaciones, pone al país a la saga de la competitividad en una economía cada vez más digital.
“Las operadoras móviles invierten en redes, torres, cables, es decir, todo tipo de infraestructura, pero si no tienen suficiente espacio (espectro radioeléctrico) para ampliar el servicio frente a cada vez más tráfico de datos e información, el resultado son comunicaciones con menos alcance del necesario para impulsar la economía y el desarrollo”, dijo.
Recaudación vs competitividad
En 2008 y 2015, cuando se concesionó parte del espectro radioeléctrico, el enfoque del Gobierno de turno fue buscar la forma de cobrarle el mayor monto de dinero posible a las operadoras móviles.
Así, según un estudio de Global System for Mobile Communications (GSMA), se cobró entre 5 y 8 veces más en Ecuador de lo que se registró en concesiones similares dentro de otros países de América Latina.
En este sentido, de acuerdo con Morales, se privilegió recaudar mucho de las operadoras para hacer caja, y luego gastar los recursos desde el Gobierno en todo menos en el mejoramiento de la conectividad y los servicios tecnológicos.
En 2008, las operadoras móviles pagaron $90 millones y en 2015 desembolsaron otros $150 millones por la utilización de una banda total de 280 Mhz.
Sin embargo, en países como Chile, Uruguay, Brasil y Costa Rica, se ha concesionado de dos a diez veces más espectro por una fracción de los costos establecidos en Ecuador. Incluso, en casos como el brasilero, se han determinado fórmulas en las que solo 10% del pago es en dinero y 90% es en inversiones para ampliar infraestructura y mejorar la conectividad.
Según un informe del Banco Mundial, los precios más altos del espectro están directamente relacionados con resultados negativos para el consumidor, incluidos niveles de cobertura más bajos y una velocidad de datos más lenta.
Asimismo, un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apunta claramente a que una gestión ineficiente del espectro se traduce en escasa inversión en infraestructura, una cobertura de las redes de telecomunicaciones inalámbricas inadecuada para la población, “baja calidad y precios elevados, lo que reduce la disponibilidad (y, por tanto, la posibilidad de brindar acceso universal), frena la penetración y obstaculiza la demanda de servicios de telecomunicaciones”.
En Ecuador se ha concesionado poco y caro, mientras quedan vacantes bandas tan importantes como la de 700 MHZ, que podría dar un impulso a la conectividad rural, o la de la tecnología 5G.
El resultado es un país que está desperdiciando oportunidades de crecimiento económico y donde se frena el desarrollo del creciente comercio electrónico, porque la conectividad no ha sido prioridad de ningún Gobierno.
‘Hay que cambiar el chip’
En marzo de 2022, LA HORA analizó que el mercado ecuatoriano es poco atractivo para la entrada de nuevas operadoras móviles. Esto fue reconocido incluso por la actual ministra de telecomunicaciones, Vianna Maino.
En ese contexto, lo mejor que se puede hacer es renegociar con inteligencia y eficiencia los contratos de concesión que vencen este 2023 con las empresas Claro y Movistar.
Aníbal Rosero, ingeniero en telecomunicaciones, comentó que se debe “cambiar el chip” y pensar en el bienestar de los ecuatorianos.
“El cobro por el uso de espectro debe ser realista y ajustado a un mercado de las comunicaciones móviles, donde los ingresos son menores que hace 15 años. Antes que sacarle mucho dinero a las telefónicas para luego licuarlo en el ineficiente gasto público, se debería establecer condiciones para que la mayoría se destine a inversión directa de las operadoras para mejorar el servicio”, recalcó.
El mercado ecuatoriano es pequeño y de renta media baja, por lo que pensar que reemplazar sin más a las empresas ya establecidas en el país no es un panorama realista. (JS)
Desde 2015, el Estado ha recaudado más de $400 millones en impuestos a los operadores móviles. Ese dinero era suficiente para cerrar la brecha de conectividad, pero se malgastó en otros temas.
Suspensión de renegociación de contratos provoca inseguridad jurídica
La Global System for Mobile Communications (GSMA), a través de un comunicado, aseguró que la suspensión de la renegociación de los contratos de concesión con Claro y Movistar pone en riesgo la seguridad jurídica y la previsibilidad necesarias para garantizar la continuidad de las inversiones intensivas que requiere el mercado ecuatoriano de las telecomunicaciones.
De acuerdo con la GSMA, no existe claridad sobre el mecanismo que piensa implementar el Gobierno para ampliar o extender los contratos vigentes hasta que se destrabe la renegociación.
El ministro de Gobierno, Herny Cucalón, anunció hace una semana que se ha elevado una consulta a la Procuraduría para evaluar el mecanismo de ampliación; mientras candidatos presidenciales como Yaku Pérez y Fernando Villavicencio piden al actual presidente de la República, Guillermo Lasso, que deje la negociación para el próximo Gobierno.