Casi un 40% de la población carcelaria en Ecuador tiene prisión preventiva y, al momento, existe un hacinamiento de unas diez mil personas privadas de la libertad (PPL). Así lo expresó el pasado martes Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), en una entrevista radial en Notimundo.
Moncayo dijo que cuando se hicieron cargo del sistema penitenciario habían unas 40.078 PPL, un número que va variando, por lo que al momento existen unas 39.608 PPL; es decir, ha habido un descenso en el porcentaje de hacinamiento de un 40,4 % a un 34 %.
Agregó que ese descenso se debe a la ejecución de dos medidas. Una el incremento de jueces de garantías penitenciarías, un nombramiento que fue solicitado ante el Consejo de Judicatura (CJ).
«Hoy estamos trabajando con 4 jueces especializados en Cotopaxi, en Guayaquil, en Turi (Azuay) y en Manabí en el centro de privación de El Rodeo», dijo.
El objetivo es que estos jueces tramiten de manera rápida los beneficios para las PPL para que puedan salir a un sistema semiabierto, controlado por esta dirección, e incluirse en la sociedad.
Medidas alternativas
Moncayo señala que deben comenzar a pensar en medidas alternativas a las prisiones. «Tenemos que comenzar primero en que la prisión preventiva es un hecho excepcional que el fiscal tiene que utilizar para ir a la etapa de la investigación previa. (…) Tenemos casi procesados dentro de los centros de privación de la libertad casi un 40% (…)», indicó.
La segunda medida es la reasignación y readecuación de centros penitenciarios que estaban subocupados y que con las debidas seguridades se ha ido implementando, dijo. «Hoy tenemos un exceso de aproximadamente diez mil personal privadas de la libertad (..) pero que en este año la tendencia es hacia la baja que si bien es cierto en el contexto internacional estamos por debajo de la línea base media de los países de Sudamérica y el Caribe», señala Moncayo.
Manifestó que el hacinamiento es el mal dentro de los centros privados de la libertad, porque el exceso de personas les impide tener una rehabilitación adecuada, mejorar cierto tipo de acciones y controles, añade.
Según Moncayo, una de las medidas inmediatas es buscar la pacificación que viene con el hecho de que están preocupados de que cumplan su pena dentro de los parámetros en su dignidad. «Hemos tenido mejoras ostensibles en su carácter y comportamiento de ciertos centros. Hoy ellos están preocupados de mejorar y ayudar las condiciones de vida».
Moncayo indicó que han solicitado unos 17 millones de dólares de presupuesto para medidas de infraestructura, seguridad, tecnología que permitan seguir fortaleciendo ciertos procesos que considera aún tienen debilidades. «Esperamos que ese presupuesto nos ayude para reorganizar ciertos lugares donde tenemos previsto readecuar que nos permita tener mayor cantidad de camas hacinadas (…)».
El 16 de mayo pasado el presidente Lenín Moreno emitió un decreto de emergencia en las cárceles del país por 60 días. Luego se amplió el plazo a un mes más el estado de excepción.