El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió no dar paso al juicio político solicitado contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tras determinar que la solicitud no cumplía con los requisitos constitucionales y legales para su trámite.
La decisión se sustentó en un informe técnico-jurídico elaborado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que concluyó que el pedido presentado por el asambleísta Luis Molina contenía irregularidades que invalidaban el procedimiento.
Uno de los principales hallazgos fue la existencia de inconsistencias en 16 de las 42 firmas electrónicas de respaldo. Según el informe, estas firmas presentaban problemas en su integridad digital, lo que impide verificar su autenticidad y, por tanto, anula su validez para sustentar un proceso de juicio político.
Las firmas observadas corresponden a asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), entre ellos Blasco Luna, Janeth Cabezas, Ricardo Patiño, Milena Jácome, Héctor Valladarez, Roque Ordóñez, Lenín Barreto, Sara Cabrera, Josefina Romero, Héctor Rodríguez, Marcos Alvarado, Jahiren Noriega, Juan Klein, Lizardo Casanova, Ronal González y María Iñiguez.
Además de las inconsistencias en las firmas, el informe de la UTL identificó un error en la identificación de la autoridad sujeta al proceso. En uno de los numerales del documento se mencionaba a una persona distinta a los cuatro consejeros del Cpccs, lo que evidenció falta de coherencia y uniformidad en la solicitud.
Por esta razón, la Unidad Técnica Legislativa recomendó al CAL no admitir el trámite, al considerar que el pedido incumplía lo establecido en el artículo 131 de la Constitución y en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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