Diario El Comercio.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ejecutar una consulta popular dentro de plazos legales, después de otros procedimientos cumplidos.
Hay tiempo para que el Gobierno envíe el Decreto para iniciar el proceso y que coincida con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) del 5 de febrero del 2023, según el órgano electoral. Pero todavía falta un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) sobre tres preguntas que podrían sumarse a las ocho de enmienda.
El artículo 184 del Código de la Democracia señala que una vez que el CNE conozca el Decreto con la decisión del Presidente de la República y con el dictamen previo de la CC, en los casos que amerite, convocará referéndum o consulta popular en el plazo de 15 días. Luego, la ejecución deberá efectuarse en el plazo de 60 días.
“Nos encontramos aún dentro de los plazos correspondientes, pero todo dependerá de la notificación que realice la Función Ejecutiva. Además de los elementos propios del proceso electoral, que involucra las seccionales y del Cpccs, se considera las actuaciones de la justicia constitucional y de la Función Ejecutiva. Nos corresponde observar desde la notificación para que empiecen a correr los plazos”, afirma Santiago Vallejo, secretario General del CNE. Prefiere no precisar fechas límite para que esto. En la convocatoria se deberá contemplar todo lo relacionado a la organización de la consulta como cronograma, presupuesto, recepción de votaciones, escrutinio y proclamación de resultados.
Hay tres últimas preguntas enviadas por el Gobierno, el 31 de octubre, que debe resolver la CC. Dos son de seguridad y una sobre incentivo tributario. Al ser preguntas de consulta y no de referendo, no pretenden modificar la Constitución y no requieren de un pronunciamiento de vía de procedimiento. La CC revisará que las preguntas no induzcan al voto, explica el constitucionalista Esteban Ron. Si la CC resuelve en esta semana, se emitiría el Decreto y el CNE podría convocar a consulta máximo hasta el 6 de diciembre para que coincida con los comicios, dice. De lo contrario, la consulta quedaría para después de febrero.
Seguridad
Una pregunta?es para regular el destino de los bienes decomisados de actividades ilegales, como el lavado de activos y terrorismo, para invertirlos en programas de educación. La otra es para tipificar en el COIP el delito de extorsión para sancionar a los responsables con prisión de siete a 10 años.
Incentivo tributario
La tercera pregunta en análisis en la CC propone generar un incentivo tributario para las empresas que cuenten con personas mayores a 45 años en su nómina de empleados. Si lo cumplen, las empresas recibirán una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta.
Enmienda
Ocho preguntas?por vía de enmienda: extradición; creación de un Consejo Fiscal; reducir número de asambleístas; reducir movimientos políticos; incluir un subsistema de protección hídrica; compensar servicios ambientales; eliminar facultad nominadora del Cpccs; y modificar designación de consejeros.
Reforma parcial
El Gobierno espera que la CC haga el control previo del procedimiento del proyecto de reforma parcial que permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en funciones de la Policía Nacional y combatir el crimen organizado. Al plantearse como reforma involucra un trámite en el Legislativo.
Descartadas
Ocho preguntas?con dictamen favorable requiere el Gobierno para tener una propuesta robusta. No presentará más pues descartó dos previamente anunciadas, de un banco de cinco que analizaba el equipo técnico: elección de asambleístas en segunda vuelta y contrato laboral por horas.
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