Diario La Hora.- La única alternativa real para enfrentar las secuelas del fenómeno de El Niño es conseguir créditos externos. El impacto de un fenómeno natural como ese no está incluido en el presupuesto de 2023, el cual será prorrogado en 2024.
Según análisis del Colegio de Economistas de Pichincha, el fenómeno de El Niño, que impactaría a finales de 2023 y se extendería hasta marzo o abril de 2024, podría provocar un costo de entre 1% y 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el primer escenario, el monto alcanzaría los $1.209 millones y en el segundo, la pérdida llegaría a por lo menos $1.814millones.
De acuerdo con Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Américas, en las circunstancias actuales, a Ecuador no le queda otra opción que volver a tocar la puerta del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La tarea es compleja porque el país se dio “un tiro en el pie” que lo ha alejado de los organismos internacionales.
En concreto, se refiere al retroceso en la reforma tributaria inicial del presidente Guillermo Lasso. Con el primer decreto ley, luego de la muerte cruzada, el actual Gobierno bajó el pago del impuesto a la renta de alrededor de 300.000 familias; pero mermó los ingresos estatales en casi $200 millones.
A eso se suma el tema del ITT, que tendrá como resultado la entrada de menos dólares al país y otra vez menos ingresos estatales.
“Tenemos que ir avergonzados de haber bajado el impuesto a la renta, avergonzados de haber hecho lo del Yasuní, y golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Decirle que necesitamos dinero, porque de lo contrario se cae el país en medio de la crisis. Lo de El Niño solo podemos sacarlo adelante con crédito”, puntualizó.
Con la mira en 2025
Dos de las principales calificadoras de riesgos, Fitch y Moody’s, ya han alertado sobre el complejo escenario fiscal, con menores ingresos y crecientes gastos.
Fitch está evaluando bajar aún más la calificación crediticia de Ecuador; mientras Moody’s considera que “es de esperar que el presidente entrante recurra a políticas populares, pero fiscalmente miopes, lo que resultaría en un escenario crediticio negativo”.
En este contexto, la única opción factible de cubrir los gastos más urgentes será sentarse con el FMI para aplicar a un programa de Resiliencia y Sostenibilidad (RST por sus siglas en inglés) y acceder a una línea de crédito de entre $690 millones y $1.300 millones.
Como compromisos estarían temas como una nueva reforma tributaria (Daniel Noboa ha delineado las líneas maestras de su propuesta) y un esquema paulatino de focalización del subsidio a los combustibles.
Roberto Viteri, economista y consultor internacional, explicó que, con un nuevo presidente de año y medio, cuya cabeza estará más en la reelección de 2025, la estrategia sería buscar una fórmula para aplazar cualquier medida de ajuste o reforma sustancial para después y enfocarse en salir de los problemas inmediatos, sin perder apoyo popular.
“Se deberá vender que estamos en una situación de emergencia y se necesita sacar recursos de inmediato para obras y seguridad. El FMI ha demostrado ser muy flexible. A Lasso le dio espacio para dejar de lado temas que en otros momentos habrían sido líneas rojas para el multilateral”, aseveró Viteri.
El aval del FMI abre la puerta a que otros multilaterales también puedan extender nuevas líneas de crédito al Ecuador a cambio por lo menos de que no se genere demasiado desorden fiscal y se tomen medidas de fondo a mediano plazo.
Escenario complejo
En diciembre de 2023 comenzará un Gobierno interino, el cual reemplazará a otro Gobierno interino.
Según Albornoz, en la realidad el Gobierno de Lasso se convirtió en un interinato y no pudo hacer casi nada. El presidente entrante estará alrededor de año y medio donde “no podrá hacer ni mucho bien ni mucho mal”
No se van a enfrentar los grandes problemas del país como las reformas a la seguridad social y al código laboral.
Se van a buscar golpes de efecto que se vendan bien de cara al electorado y que den opciones para ser elegidos en 2025 para un periodo completo de 4 años.
“Como buscan reelegirse en año y medio no van a hacer locuras”, consideró Albornoz.
Esto sería de alguna manera positivo porque significaría que el próximo presidente estaría abierto a buscar financiamiento donde sea, incluido el FMI, para evitar problemas a corto plazo.
La semana pasada trascendió que el FMI activamente buscauna reunión con los dos candidatos finalistas, Daniel Noboa y Luisa González.
El objetivo sería intercambiar ideas y conocer más de cerca los planes de Gobierno; pero además estará sobre la mesa que el multilateral es la llave del financiamiento de un Ecuador con un riesgo país de más de 1.700 puntos y un horizonte de ingresos inciertos, como dice Moody’s, luego de los resultados de las consultas del ITT y el Chocó Andino.
Noboa es visto como moderado por los inversionistas internacionales y con más posibilidades de un buen entendimiento con los multilaterales. En el caso de González, la preocupación es mayor debido a propuestas como gastarse $2.500 millones de las reservas del Banco Central.
La deuda actual con el FMI supera los $8.000 millones y desde 2025 se tendrá que comenzar a pagar parte de los créditos ya otorgados.
Parte de una nueva negociación con el FMI también deberá incluir fórmulas para mejorar el plan de pagos para que el Gobierno tenga más espacio fiscal.