La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Desaparecidos, la decisión se tomó el pasado 24 de octubre. Además se incorporó la tipificación del delito de desaparición involuntaria en las reformas al Código Orgánico Inte-gral Penal (COIP), esto ha generado un alivio para los familiares de las personas desaparecidas, las cuales desde la fundación Desendor solicitan a las autoridades que agiliten las investigaciones.
La fundación ‘Desendor’ fue creada el 18 de mayo de 2013, la cual aglomera a las víctimas de desaparecidos, muertes violentas, femicidios, secuestros, pescadores artesanales de alta mar y también el trabajo que han venido desempeñando es en las mesas de Colombia, Perú y Guatemala.
“Una desaparición va de la mano de una muerte violenta, un femicidio, y más allá de esto para nosotros es importante que el Gobierno tome en cuenta como una problemática fuerte que tenemos en el Ecua-dor”, dijo María de Lourdes Mejía, presidenta de la organización.
Además ella es madre de María Fernanda que desapareció el 15 de enero de 2010 y hasta el momento desconoce el paradero de su hija. “El día que desapareció tenía 25 años y la presunción es directamente al esposo que posiblemente la desapareció o la mató y hasta el momento no existe rastros”.
Aseguró que el número de los casos de investigación al corte del año 2018 son de 1 359, siendo Pichincha con el más alto porcentaje con 30.2%, seguido de Guayas con 14.8%, Manabí 7.3%, Imbabura con 3.6% y Carchi con 1.4%, estas estadísticas son fuentes del Gobierno Nacional, Dinased y Dina-pen.
Mejía mencionó que todos los casos son importante, en esta organización se han unido varios ciudadanos que abordan los 1 050 casos de desapariciones sin ninguna respuesta por parte de las autoridades.
En cuanto a la aprobación de la Ley, Mejía refirió a que es muy importante ya que esto les servirá como un amparo de respaldo a las familias vulnerables del país.
La nueva norma considera como ejes centrales la prevención, articulación de entidades para una efectiva investigación, búsqueda y localización de ciudadanos. Además, la implementación de unidades especializadas en todas las provincias y la creación de un registro nacional de desaparecidos.
También se menciona la prevención de este fenómeno, así como la educación, asistencia y protección a las víctimas indirectas, a través de una coordinación entre las instituciones estatales, para garantizar una respuesta efectiva.
De igual manera Lili Acosta, madre de un menor que está desaparecido desde el 14 de febrero de este año dijo que no existe ni un solo indicio de donde se encuentra.
Dijo que es importante viralizar las fotos de las personas desaparecidas y hacer un pedido a Lenín Moreno, presidente del Ecuador, de que como ya fue aprobada la Ley de Desaparecidos que no vete y que apruebe la Ley lo más pronto posible ya que a través de esto podrán tener beneficios en la búsqueda de los desaparecidos.
Carmen Cazar está desaparecida hace 10 años, su prima Lucía Villegas menciona que no han encontrado ninguna respuesta ni esperanza de su paradero, se han hecho varios casos de seguimiento pero no saben absolutamente nada.