Las autoridades colombianas hallaron este domingo 3 de febrero del 2019 el cuerpo sin vida del policía Jonathan Smith Sierra Suaza, quien había sido secuestrado por desconocidos el sábado en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
El comandante de la Policía de Arauca, coronel Giovanny Buitrago, afirmó que el cadáver de Sierra Suaza fue encontrado en la vereda (aldea) de Caño Seco, en el municipio de Fortul.
El uniformado había sido secuestrado en la noche de este sábado en la aldea de Barrancones, que hace parte del municipio de Saravena, cuando viajaba en un autobús.
El vehículo, detallo el coronel, fue «abordado por algunos sujetos que portaban armas largas», quienes hicieron bajar a todos los pasajeros y se llevaron, «con rumbo desconocido», al patrullero Sierra Suaza cuando lo identificaron como miembro de la Policía.
El departamento de Arauca es uno de los más golpeados por el conflicto armado en el país y allí hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, entre otros grupos al margen de la ley, quienes luchan por el control territorial.
En Arauca, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el ELN tiene presencia en cinco municipios y «se mantiene como actor dominante y ha logrado expandirse a zonas fronterizas, incluso a aquellas que las FARC controlaba» antes de la firma del acuerdo de paz de esta última antigua guerrilla en noviembre de 2016.
En Saravena, donde fue secuestrado el uniformado, el viernes pasado al menos dos soldados resultaron heridos en un ataque con explosivos contra el alcalde de esa localidad, Yecid Lozano, según informó el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
El alto funcionario detalló que por el ataque, realizado en una zona rural del municipio, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos (unos USD 6 400) para quien entregue información que permita la captura de los responsables.
El alcalde señaló que hace 15 días disidencias de las FARC lo amenazaron y le dieron ocho días para abandonar el cargo, al igual que lo hizo hace siete meses el ELN. (El Comercio)