Todo comenzó el 12 de julio del 2022 cuando la Policía y la Fiscalía detuvieron a seis personas, entre ellas Jumbo. Ellos fueron aprehendidos durante operativos efectuados en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Azuay, Orellana y Manabí.
Estas intervenciones se dieron como parte de una investigación previa a la empresa PipMaster, la cual fue reportada por la Superintendencia de Compañías, pues presuntamente se dedicaba a la captación ilegal de dinero. Jumbo era el representante de dicha compañía.
La Fiscalía les formuló cargos a las seis personas por el presunto delito de lavado de activos. La entidad investigadora presentó más de 45 indicios contra los procesados, entre los que constan información financiera, informes de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El juez dictó prisión preventiva para Jumbo y dos personas más; mientras que a otros tres procesados les dispuso la prohibición de salida del país y presentación periódica.
Medidas sustitutivas
La situación legal de Jumbo cambió en agosto de este año, pues la Corte Provincial de Santo Domingo aceptó el recurso de apelación a la prisión preventiva a favor de Jumbo y de los otros dos procesados que están con orden de arresto.
Magistrados sustituyeron la prisión preventiva y ordenaron que los procesados se presenten periódicamente ante el Fiscal Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, la prohibición de salida del país y uso de grillete.
Este 7 de noviembre del 2022, la fiscal del caso confirmó que nadie de los procesados está con prisión preventiva, todos tienen medidas sustitutivas.
La Fiscalía también vinculó a otras 22 personas jurídicas a la causa por presunto lavado de activos, que involucra a la empresa PipMaster.
Las empresas vinculadas tenían actividades comerciales como establecimientos de comida, cafetería, heladerías, actividad deportiva, salón de bolos, servicios de asesoría en publicidad, capacitación, construcción, entre otros.
Según las investigaciones, a través de estos negocios se presume que se lavaban activos que provenían de la presunta captación ilegal de dinero, en la que se ofertaba réditos económicos que iban desde el 8% mensual.
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