La Contraloría iniciará esta acción de control por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2024, correspondiente a la orden de trabajo 0005-DNA4-2024-I de 17 de septiembre de 2024.
Mediante este análisis la Contraloría busca determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y verificar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones administrativas y financieras durante el periodo indicado.
En contexto
El pasado 1 de julio de 2024, la ministra de Trabajo Ivonne Nuñez presentó ante la Contraloría la solicitud de examen especial a los contratos colectivos suscritos en varias empresas públicas.
La petición se basó en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y busca determinar las responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, de ser el caso; así como, la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos en los que se han infringido las normas legales de conformidad con el artículo 26 de la LOEP.
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