La Corte Constitucional no aprobó tres de las siete preguntas propuestas por el Gobierno para un referendo y consulta popular que planea convocar para finales de 2025.
Se tratan de las interrogantes sobre el enjuiciamiento político a la Corte Constitucional, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y el regreso de los casinos.
De este listado, las dos primeras no proceden por vía enmienda. La Corte Constitucional considera que estas propuestas requieren otros mecanismos.
Señalan que el CPCCS forma parte de la estructura de la Función de Transparencia y Control Social creada en la Constitución de 2008. Su eliminación implica desmantelar una función completa del Estado, lo que va más allá de una enmienda, por lo que recomiendan que este cambio vaya por reforma parcial o una asamblea constituyente.
Sobre el juicio político a los magistrados de la Corte, consideran que la propuesta alteraría la independencia judicial y que rompería el equilibrio del sistema de pesos y contrapesos.
Indicaron que una proposición de este calibre podría tramitarse por reforma parcial, es decir, que luego de la aprobación en la Asamblea Nacional debe ser ratificada por referéndum popular. Asimismo, que este juicio político no pueda ser motivado por las decisiones jurisdiccionales, para no atentar a la independencia judicial.
Con respecto a los casinos en hoteles de cinco estrellas, señalan que los considerandos no explicaban de forma objetiva y suficiente por qué se proponía reabrir las salas de juego.
Asimismo, consideraron que la pregunta era compuesta, pues reunía tres temas (permitir el funcionamiento de casinos, crear un tributo del 25 % de las ventas de estos establecimientos, destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición infantil) distintos que debían votarse en bloque, limitando la libertad del lector, según su dictamen.
La Corte si aprobó que se tramite vía enmienda la contratación por horas para el sector turístico y la reducción del número de asambleístas.
Dos de las otras preguntas que habían sido anunciadas por Daniel Noboa en sus redes sociales (eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras y eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado),????? han sido tramitadas desde 2024, al tratarse de reformas constitucionales.
Así ambas se convirtieron en proyecto de ley y fueron a la Asamblea Nacional, donde fueron aprobadas ambas. Esto implica que se podrán incluir en la consulta popular y referendo, que el Gobierno prevé que se realice el 30 de noviembre.?