Aunque la consulta popular que impulsa el Gobierno perdió dos de sus preguntas más fuertes, aún están vigentes otras que podrían sumarle nuevos apoyos. Una de esas es la 5, relacionada con el control a los movimientos y partidos políticos.
La pregunta hace referencia a exigir que estas organizaciones cuenten con un número de afiliados mínimos que sea equivalente al 1,5% del registro electoral de la jurisdicción a la que pertenecen.
Pero también se les solicitará un registro de sus miembros, cuya base de datos será auditada de forma periódica por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La enmienda, sobre la cual ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), busca que los movimientos políticos no solo cuenten con adherentes permanentes, sino con afiliados, como en los partidos. Además, ese registro deberá ser verificado de forma permanente.
En el texto del proyecto de enmienda constitucional se señala que actualmente “el 90% de sus miembros no tiene ningún tipo de vinculación participativa con el movimiento, ni tampoco se encuentran sujetos a ningún régimen de responsabilidad o control”. La CC dijo que el cambio sí se puede hacer por enmienda.
Además, argumentó que no altera el carácter del Estado ni sus elementos constitutivos, así como no configura restricciones a derechos y garantías. Con eso, la pregunta pasó el primer filtro.
¿Salida a dos problemas?
Como ha sido recurrente en los tres últimos procesos electorales, las afiliaciones involuntarias también fueron motivo de queja entre ciudadanos para el actual proceso. Esta vez, los aspirantes a la Policía y varios candidatos al Cpccs aparecieron en los registros.
El 1 de septiembre pasado, EL COMERCIO consultó al vicepresidente del CNE, Enrique Pita, sobre este tema. En ese momento, aún no se conocía la propuesta de pregunta del Ejecutivo.
Sin embargo, Pita explicó que resolver el problema de las afiliaciones involuntarias era muy complejo. La razón: no existe un proceso de registro diferente como, por ejemplo, el biométrico.
Para obtenerlo, él planteó que las organizaciones políticas hagan una revisión de sus adherentes y trasladen esas firmas a un formato que permita ese tipo de verificación, incluso, para hacerlo en línea.
El CNE implementó desde septiembre pasado una aplicación en línea para solicitar el certificado de apoliticismo. Desde el 12 de septiembre pasado y hasta ayer, se entregaron 7 328 certificados en línea, según el ente electoral.
El 4 de agosto pasado, este Diario remitió un pedido al CNE en el que se solicitaba el número de certificados emitidos entre el 2021 y lo que va del 2022. También se pidió el número de denuncias receptadas por aparecer afiliado a un movimiento sin consentimiento. Dos meses después, el órgano electoral no ha respondido a ese pedido.
Para la analista en temas electorales, Dayana León, la problemática es más estructural. Dice que en las reformas al Código de la Democracia, que entraron en vigencia en el 2020, ya se establecía una transitoria para que el CNE haga una auditoría de las firmas de entonces.
Por eso dice que las afiliaciones involuntarias solo son la punta del iceberg. Se debe tomar en cuenta el financiamiento, además del funcionamiento de sus procesos de democracias. Otro elemento al que apunta la pregunta es que el requisito de afiliados incida en la depuración. Para el experto en temas electorales, Esteban Ron, solo se va a tocar cierta funcionalidad a ese propósito. Sin embargo, dice que la pregunta está incompleta.
Los momentos del proyecto de consulta popular
16 de agosto de 2022
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anuncia que el presidente Guillermo Lasso se reunirá con su equipo de Gobierno para analizar los temas de la consulta popular. Se habló de 10 preguntas.
12 de septiembre de 2022
El presidente Guillermo Lasso anuncia el contenido de las preguntas. Explica que están divididas en tres bloques: seguridad, institucionalidad y medio ambiente. La cinco se refiere a las organizaciones políticas.
12 de octubre de 2022
En sesión extraordinaria, el Pleno de la Corte Constitucional se reúne para tratar el pedido del Ejecutivo. El control se centró en ver si la vía para las preguntas era la enmienda. Dos no pasaron el filtro.
13 de octubre de 2022
Se conoció el dictamen de la Corte. Anunció que el siguiente paso es que el Gobierno emita el Decreto de convocatoria para que el segundo control respecto a los considerandos y el texto normativo.
5 de febrero del 2023
Se prevén realizar los comicios seccionales y la elección de vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Tanto el Gobierno como el CNE han coincidido en que lo ideal sería que la consulta se realice en esa fecha.
Dato
13,4 millones de ecuatorianos están empadronados para las elecciones seccionales de 2023. Solo un 36% de ese total tiene una afiliación política en los actuales momentos.