El Consejo de la Judicatura impulsa el uso de la firma electrónica en Ecuador, especialmente en la provincia de Manabí, para ofrecer a ciudadanos y profesionales una herramienta ágil y segura que otorga validez legal a documentos digitales, eliminando la necesidad de trámites presenciales y optimizando procesos en diversas áreas.
La firma electrónica se consolida como una herramienta esencial para la digitalización de procesos en Manabí. Este servicio permite a personas naturales, abogados y servidores públicos firmar documentos digitales con la misma validez jurídica que una firma manuscrita. Los usuarios ya no necesitan imprimir documentos ni trasladarse a instituciones. Esto representa un avance significativo en la eficiencia administrativa.
A través de este servicio, es posible presentar escritos judiciales y notariales. También se pueden gestionar trámites en compras públicas y la facturación electrónica. Operaciones bancarias, emisión de medidas de protección y la firma de contratos son otras posibilidades. Incluso permite emitir certificaciones y registrarlas desde cualquier lugar con conexión a internet. La comodidad y accesibilidad son claras.
El Consejo de la Judicatura (CJ) ha entregado 220 mil certificados de firma electrónica en el país. De estos, 5.505 fueron emitidos en Manabí, mostrando una adopción creciente. Portoviejo lidera con 2.348 dispositivos registrados. Le siguen Manta con 819, Chone con 488, Sucre con 210 y El Carmen con 175. Estos datos reflejan la expansión del servicio en la provincia.
Este servicio está disponible para personas naturales y jurídicas. Se puede adquirir fácilmente a través de la web www.icert.fje.gob.ec. También se puede obtener en las oficinas de la Dirección Provincial del CJ en Portoviejo. Esto asegura un mecanismo seguro y ágil para diversos trámites. La firma electrónica simplifica la burocracia.
Andrea Mera, una abogada litigante en Portoviejo, renovó su firma electrónica. Ella destacó la utilidad del servicio, afirmando: “Con la firma electrónica puedo presentar escritos judiciales sin desplazarme a la unidad judicial. Es una herramienta indispensable para quienes ejercemos el Derecho”. Su testimonio subraya la practicidad de la herramienta.
Jorge Mera, ingeniero y emprendedor en Chone, también obtuvo su certificado. Él la utiliza en sus gestiones diarias. “La uso para firmar facturas electrónicas y contratos sin tener que ir a la institución requirente o imprimir documentos. Es práctica y me ayuda a ahorrar tiempo y dinero”. Estos ejemplos demuestran el ahorro de tiempo y recursos. La herramienta tiene una duración de dos años. Es compatible con plataformas como el SRI, Quipux y sistemas de la Función Ejecutiva y Judicial.
El costo del certificado de firma electrónica PKCS#12 es de $26.88. El de firma centralizado SFC, más el software UKC, cuesta $52.64. El dispositivo criptográfico digital SmartTOKEN tiene un precio de $58.24. Estos montos incluyen IVA. La inversión es accesible para profesionales y empresas.
Es crucial señalar que la validez de un documento firmado electrónicamente se mantiene en su formato digital. Al imprimirlo, se pierde la seguridad criptográfica y la trazabilidad. Esto significa que deja de tener valor legal como documento electrónico. Los ciudadanos interesados en obtenerla deben presentar una copia digitalizada de su cédula o pasaporte y una planilla de servicio básico.