La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, respaldó la decisión de retirar la tasa de recolección de basura de las planillas de consumo eléctrico y destacó que una Unidad Judicial Penal de Cuenca negó las medidas cautelares solicitadas por la gerente de EMAC-EP, confirmando —dijo— que mantener el cobro en la factura eléctrica carecía de sustento legal. “El Ministerio ha actuado con absoluta transparencia y apego a la ley”, señaló, llamando a la calma y a la confianza en el Estado de Derecho.
Según Manzano, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica exigía a EMAC-EP actualizar su ordenanza y presentar estudios técnicos y listados de abonados; al no hacerlo por más de cinco años, los convenios de cobro posteriores al 21 de enero de 2020 serían ilegales, por lo que la responsabilidad no recae en el Ministerio sino en la empresa municipal.
La ministra instó al alcalde Zamora a emitir la ordenanza correspondiente y advirtió que omisiones o incumplimientos en la prestación del servicio podrían generar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Recalcó que no existe amenaza al servicio de recolección ni al empleo en la empresa municipal y que el objetivo gubernamental es proteger la economía de las familias y poner a la ciudadanía “en el centro” de la política pública.
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