Un grupo de policías aseguran no temer a los delincuentes a los que se enfrentan en las calles sino a la justicia, a un juez que diga que se realizó un mal procedimiento y que dictamine el pago de altas indemnizaciones por secuestro, detención ilegal y daño a la moral de los aprehendidos.
Esta es una situación más recurrente de lo que parece. Decenas de uniformados han sido denunciados este año por los sujetos a los que aprehendieron y que tras horas del procedimiento quedan en libertad a pesar de que, según los policías, se cuenta con pruebas, con una larga investigación y de que los detenidos, en muchos casos, tienen antecedentes.
El mayor Byron Osejo, del Departamento de Defensa Institucional de la Policía, está a cargo de un equipo de abogados que defiende a uniformados.
Él cuenta con decenas de testimonios. Expresa que tras obtener la libertad ponen denuncias en la Judicatura e incluso en el Tribunal de Disciplina de la Policía, lo que no solo implica gastar en defenderse o en viajes para acudir a audiencias, sino también los perjudica a la hora de obtener ascensos.
Algo parecido le ocurrió en el 2015 a un mayor de la Policía que entonces cumplía su servicio en la Unidad de Antinarcóticos de Guayaquil.
Él comandó un operativo con la Fiscalía y tras una investigación detuvo a cuatro hombres que circulaban por los Esteros en una camioneta policial. Eran dos policías y dos civiles que llevaban en el vehículo 150 kilos de cocaína.
Los civiles y uno de los policías fueron sentenciados y aún permanecen en prisión, pero el otro uniformado (un sargento) fue declarado inocente.
El sargento tras salir de prisión demandó al agente de Antinarcóticos y a la fiscal que llevaba el caso.
El mayor durante casi cuatro años acudió a tribunales porque un juez determinó que debía pagarle $ 40.000 por daño a la moral del sargento que, según el parte policial, iba en la camioneta con la droga.
Recién en abril de este año, un tribunal determinó que la indemnización era improcedente.
El agente de Antinarcóticos se retiró de esa unidad tras el episodio. Él aseguró haber gastado al menos $ 5.000 en abogados antes de que el Departamento de Defensa Institucional tomara el caso.
Osejo recuerda también el caso de otro equipo de Antinarcóticos que fue demandado el año pasado, luego de que los supuestos narcos obtuvieran la libertad. A los procesados se los halló en Machala con una tonelada de droga. Ahora exigen al equipo de Antinarcóticos el pago de $ 1 millón por daño a la moral.
Un caso más reciente es el de un agente de tránsito que fue detenido portando un arma de fuego de 9 mm.
El sujeto no tenía permiso para portar arma y fue trasladado a la Fiscalía.
El juez declaró ilegal la detención y no solo puso en libertad al agente, sino que también dictaminó la devolución del arma. Ahora el equipo de policías que detuvo al agente de tránsito fue demandado por detención ilegal y secuestro. Ellos podrían recibir penas de hasta cinco años de cárcel.(El Universo)
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