El ministro del Interior, Juan Zapata, se excusó de comparecer a la Comisión de Seguridad Integral este miércoles 1 de febrero del 2023. Los asambleístas pretendían que les presentara un informe «sobre los 28 candidatos que presuntamente tendrían vínculos con el narcotráfico, minería ilegal y otros delitos».
«Nosotros queremos que esta investigación no sea un show político», dijo la correísta Patricia Núñez, presidenta encargada de la Comisión. «Queremos saber la verdad y es importante antes, incluso de las elecciones, que se nos diga», acotó. El Gobierno entregó esta denuncia a la Fiscalía General del Estado hace una semana.
Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática (ID), exigió que se determine una nueva fecha para la comparecencia. Sin embargo, el oficialista Jorge Pinto cuestionó este procedimiento.
«Me parece a mi que cuando quieren acelerar este tipo de comparecencias, lo que quieren es cortar o que no se de la información completa porque todavía no existe un canal de investigación», dijo Pinto. «Eso está clarísimo: el país lo sabe, vino financiamiento de grupos irregulares de Colombia al Ecuador para ciertas campañas políticas, y hoy se determina que también hay narcotráfico en ciertas campañas», anotó.
Jiménez aclaró a legisladores
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue requerido por los comisionados para que «informe sobre sus afirmaciones de un presunto financiamiento del narcotráfico a las organizaciones que promueven el No a la consulta popular». El funcionario aclaró que sus palabras fueron tergiversadas por un medio de comunicación.
«Yo no podría decir que hay organizaciones, menos aún políticas que están promoviendo el No en la consulta por el hecho de estar vinculadas con actividades ilegales. La prensa todo el tiempo dice cosas inexactas sobre los políticos», manifestó. También negó que el Gobierno use fondos públicos para promover su propuesta.
Control político
A su vez, los asambleístas Fernando Villavicencio (ind.) y Sofía Sánchez, de Pachakutik, cuestionaron el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ellos lideran el Frente Parlamentario Anticorrupción que entregó una ‘notitia criminis’ a la Fiscalía para que investigue a una veintena de candidatos por esta causa.
«Los miembros del Consejo Nacional Electoral realmente son cómplices y responsables de la falta de control electoral en este país», expresó Villavicencio.
El grupo de asambleístas advirtió que presentará un juicio político contra el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), una vez culmine el proceso electoral.
«¿Son espectadores de estas elecciones?¿Por qué no están asumiendo su rol, su responsabilidad?», increpó Sánchez. «Esperamos que después de esto (hagan) un control postcampaña y vean esas campañas millonarias, de dónde se sale el financiamiento», apuntó.
En la lista proporcionada por este grupo de asambleístas a la Fiscalía constan cinco candidatos de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que supuestamente tendrían vínculos con un narcotraficante detenido en el exterior. En los próximos días entregarán información de cuatro candidatos más.
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