“Si la justicia existe, tiene que ser para todos, nadie puede quedar excluido. Sin embargo, en nuestro país contamos con malos jueces que defienden a los delincuentes. (…) Ante ustedes compartiré tres decisiones que van a reforzar las acciones por la seguridad de todos. (…) Poner una queja formal ante el Consejo de la Judicatura (CJ), denunciar a los malos jueces ante la Fiscalía General y exponer públicamente los nombres de los malos jueces y sus casos”, señaló Lasso la noche del martes ultimo.
El secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, recordó que hace quince días el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) revisó información presentada por la Policía y el Ministerio del Interior respecto de jueces cuyos nombres aparecían en varios casos en los que se había liberado, usando cualquier motivo o subterfugio legal, a delincuentes de alta peligrosidad vinculados con narcotráfico, violaciones, asesinatos, entre otros.
A decir de Ordóñez, se decidió hacer público a la ciudadanía quiénes son estos jueces y en qué casos han estado vinculados, con el fin de que la Fiscalía investigue y el CJ tome las medidas disciplinarias correspondientes. Niega que se esté criminalizando a alguien, pues defiende que lo único que están es presentando hechos que han ocurrido y que son públicos.
“El Gobierno tiene una línea de garantizar que el Ecuador tenga seguridad y no hay una estrategia de seguridad que funcione si no tenemos el trabajo, el apoyo de jueces que cumplen con la ley y hacen que aquellos delincuentes que son puestos por la Policía y la Fiscalía ante un juicio vayan a la cárcel y no gocen de libertad”, apuntó Ordóñez.
El primer caso en ser mencionado por el presidente Lasso fue el de Ángel Lindao, juez multicompetente del cantón La Concordia, destituido por el CJ por manifiesta negligencia. Luego se señaló el nombre de Juan Carlos Terán, juez de Guayaquil que firmó más de quince boletas de excarcelación a delincuentes relacionados con casos de armas y droga.
Incluyó en la lista a los jueces de Manabí Alexandra Quintero y Luis Alarcón, quienes ratificaron la inocencia de 18 personas relacionadas con el narcotráfico. Y finalmente nombró a Émerson Curipallo, juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, que firmó más de quince boletas de excarcelación, “abusando de la acción de protección”, resaltó Lasso.
Al momento, de los cinco jueces nombrados inicialmente el que ya está destituido es Ángel Lindao, mientras que el resto sigue dentro de la Función Judicial, aunque varios de ellos mantienen procesos administrativos. Ordóñez cree que pese que ha sido destituido uno de los jueces eso no elimina la posibilidad de que sea investigado y sancionado de ser el caso.
El secretario de Seguridad en su denuncia presentada ante la Fiscalía, la mañana de este miércoles 8 de febrero, incluyó el nombre de un juez más, del cual no dio mayores detalles. Adelantó que en la tarde plantearía una queja formal en el CJ contra los seis funcionarios judiciales de quienes tienen sospechas de haber actuado en contra de norma expresa para beneficiar a personas que incluso tenían sentencia por asesinato.
Álvaro Román, presidente temporal de la Judicatura, asegura que la institución está trabajando con base en las potestades legales que mantiene, es decir, la de sancionar. Pero conforme al debido proceso, resaltó. Según él, esa sería la línea que mantendría también el pleno del CJ con los jueces nombrados hoy por el presidente Lasso.
“El presidente (Guillermo Lasso) tiene su derecho, pero también todos los ciudadanos tenemos derecho al debido proceso para ser juzgados en cualquier instancia, sea administrativa o judicial. (…) Hay jueces que ya han sido destituidos y la lista no es actualizada del presidente. (…) El CJ está ejerciendo su trabajo y me parece que el presidente no tiene la retroalimentación de sus asesores y cae en descalificaciones hacia la justicia por elementos que aparentemente han cometido infracciones”, anotó Román.
Según el presidente del CJ, los jueces de Manabí nombrados por Lasso estarían al momento suspendidos y contra ellos ya existiría una declaración jurisdiccional previa.
Justamente los jueces de Manta (Manabí), Quintero y Alarcón, defienden su resolución argumentando que estuvo apegada a derecho. Rechazan que se hayan expuesto los rostros y nombres sin antes conocer detalles del proceso judicial.
Para Alarcón, “las aseveraciones del presidente (Lasso) son totalmente falsas, tienen un total desconocimiento de lo que pasó en dicha audiencia, de lo que consta en el expediente, de lo que se actuó”; mientras que Quintero considera que “la responsabilidad probatoria constitucional y legalmente la tiene la Fiscalía” y resalta que los jueces “solo pueden activar la tutela judicial efectiva en base a lo actuado por el fiscal”.
En opinión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, si existen actos irregulares, como lo ha denunciado el presidente de la República, el CJ debe investigar. Para él, si hay responsables se debe sancionar y destituir, pero si es que no los hay también debe conocer el país quiénes son los jueces que han actuado correctamente.
“Nosotros pensamos que es importante no generalizar al sistema de justicia. Son casos particulares, que se investiguen. Yo espero que el CJ haga su trabajo y le explique al país si actuaron incorrectamente o apegados al derecho (los jueces señalados)”, indicó Saquicela, al tiempo de agregar que todo debe darse dentro del marco del derecho y el debido proceso, como a cualquier ciudadano, refirió, ya que un juez es un ciudadano más con derechos y obligaciones.
Pese a que en la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) se comparte el criterio de que deben presentarse las denuncias que sean necesarias en la Fiscalía respecto a cualquier acto irregular o de corrupción que se produzca en la Función Judicial, el abogado Paúl Ocaña, miembro de la asociación, critica la forma: hacer públicos nombres y rostros, sin un debido proceso de por medio.
“No se pueden exponer físicamente los rostros y peor aún los nombres de las personas que supuestamente han cometido un delito, porque no se sabe, ya que recién se va a investigar. Pero ya se quebrantó el principio de inocencia y eso hace que haya una violencia a la intimidad, al buen nombre y a la imagen de las personas”, expresó Ocaña.
El constitucionalista André Benavides tampoco está de acuerdo con la forma usada por el presidente Lasso para contarle al país algo que, dice, ya se sabía hace semanas. No cree que debió usar una cadena nacional para exponer estos temas, sino que piensa que existen los caminos regulares para plantear la existencia de hechos irregulares.
“Si se tiene conocimiento de que un juez está cometiendo presuntos actos de corrupción, es pillo o está cooptado por las organizaciones criminales, lo que se debe hacer es presentar la denuncia a la Fiscalía y seguir el canal regular. Si no se está de acuerdo con una decisión judicial, se debe impugnar por las vías ordinarias. Presentar el recurso de apelación, casación , etcétera, para que se vaya enmendando esta mala decisión en derecho y no con estas vías de hecho. Esto lo único que ocasiona es que exista una suerte de intromisión de una función del Estado hacia otra”, reflexionó.