Siete jueces de la Corte Nacional de Justicia, en cuyas manos están casos emblemáticos de corrupción del correísmo, se beneficiaron de una extensión en sus cargos. En una sesión urgente convocada para la media noche del 5 de septiembre por el Consejo de la Judicatura se resolvió su permanencia hasta el 2030.
Según expertos, esta situación muestra un claro intereses por concentrar el poder en las cortes. «Hay un ataque por una serie de frentes, pero todos dirigidos a un solo objetivo, garantizar la impunidad de Correa y garantizar el retorno al poder», señala el jurista Ramiro García.
En este escenario se encuentra involucrado el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, quien convocó con poco tiempo de anticipación a una sesión a la media noche del martes y con solo dos votos se reconfiguró la Corte Nacional de Justicia.
Con esta decisión, garantizaron la permanencia de siete jueces, entre ellos los magistrados del caso Sobornos: Byron Guillén, Felipe Córdova y Luis Rivera, quien también ha sido cuestionado por sus pronunciamientos en los casos Singue y helicópteros Dhruv.
«Los actos del Consejo de la Judicatura tienen consecuencias casi inmediatas. Es una vergüenza que tengamos que estar en estas manos», señala García.
Este miércoles se debía instalar la audiencia de formulación de cargos en el caso reconstrucción de Manabí, donde Rivera era el juez. Sin embargo, fue diferida después que la defensa del exvicepresidente Jorge Glas presentara un certificado médico.
La abogada penalista Paulina Araujo se mostró molesta por esta situación pues asegura que el objetivo es seguir dilatando el proceso. «Si llama la atención que ante una alergia o al decir estoy enfermo se ríen del Ecuador», dijo indignada.
El juez Rivera también será el juez de Wilman Terán y los otros procesado en el caso de obstrucción de la justicia. Por ello, Araujo ratifica que las intenciones son evidentes pues son jueces penales que deberán decidir en casos de gran relevancia.
El único vocal de la Judicatura, de cinco, que no enfrenta casos penales es Fausto Murillo, quien se opuso a extender las funciones de los jueces de la Corte Nacional de Justicia.
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