Al no haber sido notificados la acusación particular y la defensa de uno de los procesados, la mañana de este jueves, 15 de junio, no se instaló, una vez más, la audiencia de apelación contra la sentencia de ocho años de cárcel dispuesta por el delito de peculado contra el exsecretario del Agua (Senagua) del gobierno de Rafael Correa, Walter Solís, y otras cinco personas más condenadas dentro del caso que se conoce como Senagua.
La decisión de no instalar la audiencia fue tomada por los jueces de la Corte Nacional Mercedes Caicedo (ponente), Pablo Loayza y Javier de la Cadena. Tampoco existió oposición a ello de ninguno de los sujetos procesales que sí asistieron, ya sea de forma presencial o vía telemática, a la diligencia.
La apelación va en contra de la sentencia de primera instancia adoptada en enero de 2021 por los también jueces nacionales Dilza Muñoz, Daniella Camacho e Iván León. Los magistrados resolvieron declarar la culpabilidad y sentenciar a ocho años de prisión a Solís; Marco Rodas, ex coordinador general jurídico de Senagua; Lorena Benalcázar, jueza quinta de la Familia de Manabí; Cristóbal Macías, juez decimosexto de lo Civil y Mercantil de Manabí; el abogado Jorge Augusto Maruri y el ingeniero Jorge Bernal.
Todos fueron acusados por la Fiscalía del uso de recursos públicos que eran parte de una deuda del entonces Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), que pasó a conocerse luego como Senagua, con la empresa Ondeo Degremont de Francia, pero que fueron desviados para pagar una deuda entre particulares.
Durante el juzgamiento, la fiscal general Diana Salazar presentó pruebas suficientes de que Solís y Rodas insistieron en la asignación de $ 8?130.626,16 para el supuesto pago de un acta de mediación, que también tenía irregularidades. Según ella, parte de estos recursos públicos habrían sido utilizados, desviados y entregados como pago a Maruri y Bernal, por lo que tampoco se cumplió con el pago del acta de mediación.
Además, explicó la Fiscalía, este abuso de los recursos habría contado con la participación de los jueces Benalcázar y Macías, quienes habrían efectuado actos que permitieron la utilización de estos fondos públicos imponiendo el pago de servicios profesionales de terceros a la Senagua.
Como abogada del exsecretario del Agua y exministro del correato se presentó Karen Gómez. Ella aclaró que asumirá desde este momento en adelante la defensa de Walter Solís, exfuncionario público que, a decir de la fiscal Salazar, aún mantiene entre sus abogados a Alembert Vera, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y Jorge Luis Ortega.
A los ocho años que recibió Solís por peculado se suman los ocho años de cárcel y el pago de $ 778.000 que se le definió en la sentencia en firme que mantiene por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016.
Desde el 2021, quien también fue ministro de Transporte y Obras Públicas del correísmo posee la condición de refugiado en México. El estatus fue otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, luego de que el 6 de marzo del 2020 se admitió a trámite la solicitud de quien se ha mantenido en condición de prófugo de la justicia ecuatoriana.
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