Según las autoridades este convenio se consiguió tras las reuniones entre los jubilados, el Legislativo y el Ejecutivo. En el acuerdo se propone que en 30 días las instituciones deberán remitir el respectivo expediente para que el Ministerio de Trabajo valide, mientras que el pago se financiará con el presupuesto asignado a cada institución por parte del Ministerio de Economía.
“Es una satisfacción que los servidores públicos se puedan acoger a este derecho constitucional”, comentó Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados. El representante aclaró que también se debe cancelar el 100% del incentivo para quienes se retiraron entre los años 2015, 2016 y hasta mayo de 2017; así como la diferencia que falta para quienes se jubilaron entre el 2008 y 2010.
El Presidente de la Comisión Ocasional que atiende temas de los jubilados, Homero Castanier, sostuvo que este derecho es legal y humano y que a los asambleístas, como representantes del pueblo, les correspondía hacerse eco de las aspiraciones de quienes reclaman sus incentivos. (Ecuador Inmediato)
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