Entre 2014 a junio de 2019, los activos del Fondo de Cesantía del Magisterio pasaron de $ 405 millones a $ 382 millones.
Así lo sostiene un análisis de la situación financiera de la entidad presentada a los socios. De 120.000 afiliados hoy hay unos 90.000.
El magisterio y otros seis fondos fueron asumidos desde mayo del 2015 por el BIESS luego de que una auditoría determinara que recibieron aportes del Estado.
Sin embargo, luego hubo una recomendación de la Contraloría para que, de ser el caso, se revierta el traspaso de acuerdo con el examen especial realizado al período entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2018.
Según la Contraloría, el traspaso del FCME se habría realizado sin contar con un dictamen de auditoría externa sin informes finales.
En julio, el traspaso al Magisterio se hizo efectivo. Actualmente los docentes analizan la situación económica.
Elvis Moreira, presidente del FCME en Pichincha, expresó que antes el crecimiento del fondo cada año, era de $20 millones.
Moreira dijo que los anteriores administradores están siendo señalados como responsables de haber «desfalcado» los dineros de la entidad mediante contratos «mal habidos».
Jorge Vargas, miembro del Consejo de Administración del FCME, dijo que se hará una auditoría que durará dos meses a fin de determinar qué falta tanto en las instalaciones como en sus recursos.
La auditoría establecerá responsabilidades civiles y penales, agregó Vargas.
La contratación de la auditoría lo hará la nueva administración que empezaría a funcionar en octubre.
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