Fuente: El Telégrafo.
La Policía Nacional insiste en que las muertes violentas registradas en Manabí están directamente relacionadas con el narcotráfico y el avance del crimen organizado, que se ha fortalecido ante la falta de acciones estructurales contundentes. Desde 2024, la provincia costera se ha convertido en epicentro de reiteradas masacres que, según la fuerza pública, responden a un vacío de poder en el territorio. Las autoridades advierten que más del 90% de los homicidios tienen vínculos con disputas por rutas, cargamentos de droga y control territorial.
Las cifras reflejan la magnitud de la violencia. Solo en los dos primeros meses de 2026 se han registrado siete ataques múltiples en la provincia, mientras que en todo 2025 se reportaron 25 y en 2024, ocho. En total, desde 2024, se contabilizan 40 masacres que han dejado 209 víctimas mortales. El distrito de Manta concentra al menos 16 de estos hechos en los últimos dos años, lo que lo convierte en uno de los focos más críticos de la crisis de seguridad.
El episodio más reciente ocurrió la madrugada del 23 de febrero de 2026, cuando 12 personas fueron asesinadas en los cantones San Vicente, Pichincha y Jama. En Jama, siete de las víctimas murieron en una hacienda ubicada en el kilómetro 21 de la vía Jama–Pedernales. De acuerdo con información policial, al menos diez hombres vestidos con uniformes tipo militar llegaron en lanchas, sacaron a las víctimas de sus habitaciones y las ejecutaron en el patio del inmueble. Antes de disparar, preguntaron reiteradamente por droga, armas y dinero.
Entre los fallecidos constan los hermanos Nevardo Javier Loor Copiano (56), Juan Andrés Loor Copiano (38) y Leonardo Enrique Loor Copiano (52), propietarios de la hacienda, así como cuatro trabajadores del predio. Con este hecho, la provincia sumó la séptima masacre en lo que va de 2026. En paralelo, la Policía reporta 165 muertes violentas entre enero y febrero de este año, frente a 198 en el mismo período de 2025 y 86 en 2024.
Según la institución, la ola de violencia se intensificó a mediados de 2024 con la irrupción de la banda criminal Los Pepes, que opera como brazo táctico de Los Lobos, considerada actualmente una de las estructuras más peligrosas del país y en disputa directa con Los Choneros. La pugna por el control de las rutas del narcotráfico ha derivado en enfrentamientos, fragmentación interna y reclutamiento de menores de edad, quienes son utilizados como sicarios debido a las sanciones reducidas que enfrentan. Las autoridades sostienen que el control de los 350 kilómetros de playas y el flujo millonario del narcotráfico —que puede dejar hasta USD 30 millones por cargamento— siguen siendo factores determinantes en la escalada de violencia que golpea a la provincia.
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