El alarmante incremento de niños y adolescentes asesinados o detenidos revela una crisis estructural que va más allá de la violencia visible. En la actualidad, muchos menores están siendo absorbidos por redes delictivas que les ofrecen “soluciones inmediatas” frente a un sistema que les niega oportunidades reales en educación, empleo y salud mental, según coinciden seis expertos consultados por EXTRA.
Mientras las promesas del sistema legal se perciben como un futuro lejano y, en muchas ocasiones, inalcanzable, lo ilegal ofrece recompensas inmediatas: dinero rápido, pertenencia y poder. En este contexto, los grupos delictivos organizados han asignado roles específicos a los menores, desde funciones de vigilancia hasta tareas letales, e incluso han creado escuelas de sicariato en el país.
Intervención profunda por parte del Estado
Los expertos coinciden en que, frente a esta realidad, la respuesta no puede limitarse a la represión. Es imprescindible implementar una intervención profunda que ofrezca alternativas concretas, sostenibles y dignas tanto para los jóvenes como para sus familias. La delincuencia no nace en el vacío; es el reflejo distorsionado de una sociedad que ha abandonado a sus hijos.
En Ecuador, hasta la fecha, 916 menores de edad han sido detenidos por delitos como tenencia y porte de armas, tráfico de drogas e incluso por asesinato. El incremento con respecto a 2024 es del 102%.
Un fenómeno similar ocurre con los menores que han muerto víctimas de la violencia criminal: se han registrado 201 muertes en el país, de las cuales 87 corresponden a la Zona 8, integrada por los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón (ver infografía). Es decir, en Ecuador, cada 15 horas es asesinado un menor de edad y, en promedio, cada 3.3 horas se detiene a un menor.
Hugo Acero, exsecretario de seguridad de Bogotá, Colombia, señala que los grupos criminales en América Latina recurren al reclutamiento de menores debido a su vulnerabilidad, ya que son más fáciles de manipular y controlar. Los menores son utilizados en actividades como distribución de drogas, transporte de armas, sicariato y extorsión. Además, destaca que los menores son vistos como mano de obra barata, dispuesta a trabajar sin importar las condiciones.
Afirma que la falta de oportunidades en educación, empleo, salud, cultura y deporte es una de las principales causas que contribuyen a la vulnerabilidad de los menores. Estos jóvenes provienen generalmente de familias disfuncionales y comunidades sin perspectivas de futuro, lo que los hace más susceptibles a ser reclutados por organizaciones criminales. Como solución, Acero plantea la necesidad de programas preventivos de reclutamiento. “En Colombia, existe un programa de Justicia Restaurativa, orientado a jóvenes que ya han delinquido. Ese programa ha sido muy exitoso, solo el 5% de los menores que pasan por él reinciden en delitos, lo que demuestra un 95% de éxito en la reintegración social y productiva”, afirma.
Ramón Celaya Gamboa, especialista mexicano en inteligencia y seguridad, subraya la importancia de educar y cuidar a los menores desde temprana edad para evitar que caigan en las garras de las bandas criminales. Menciona que las redes sociales se han convertido en plataformas clave para reclutar a jóvenes, quienes son atraídos por promesas de poder y pertenencia.
Entre las soluciones propuestas, enfatiza la necesidad de que los ministerios de Justicia, Cultura, Educación y Deporte trabajen de manera conjunta para ofrecer alternativas reales a los jóvenes a través de la educación, la cultura, el deporte y la formación laboral.
experto mexicano
Javier Gutiérrez, sociólogo y experto en seguridad, identifica a los menores como víctimas colaterales de la violencia dirigida a adultos involucrados en actividades ilegales. Además, resalta que el reclutamiento de menores por bandas criminales ocurre principalmente por la falta de oportunidades y la deserción escolar. Gutiérrez sugiere que se debe invertir en educación, salud y espacios públicos para reducir la violencia. También propone implementar programas de prevención y tratamiento psicológico para los menores ya involucrados en el crimen.
Criminólogo
Renato Rivera, especialista en seguridad y analista en criminología, destaca que cada cantón en Ecuador enfrenta un contexto social único, por lo que las soluciones deben adaptarse a cada región. Propone que la prevención debe involucrar un enfoque integral que contemple empleo juvenil, uso positivo del tiempo libre y mejora de las condiciones familiares. Sugerencias adicionales incluyen la inversión en actividades culturales y deportivas como alternativas a la violencia y el crimen organizado, y el desarrollo de políticas públicas multidimensionales que consideren aspectos sociales, económicos y educativos.
Ana Minga, experta en seguridad y criminóloga, resalta que la pobreza, la falta de apoyo familiar y la presión social contribuyen significativamente a la violencia juvenil. Además, señala que los medios de comunicación y las redes sociales glorifican la vida del crimen, lo que cambia las aspiraciones de los jóvenes.
Minga sostiene que es fundamental ofrecer programas de rehabilitación para los menores involucrados en el crimen, brindándoles empleo y educación. También insiste en que la sociedad debe involucrarse activamente en la protección y educación de los menores.
Un trabajo en conjunto
Patricia Castro, abogada defensora de los derechos humanos, propone que el gobierno ofrezca a los padres de familia acceso a créditos para mejorar su situación económica. Además, destaca la necesidad de instalar espacios recreativos y academias de música y deportes en los barrios periféricos. En su opinión, el gobierno debe implementar políticas efectivas para combatir el narcotráfico y el microtráfico, lo cual es esencial para frenar el reclutamiento de menores por parte de las organizaciones criminales.
Los expertos coinciden en que, para reducir esta problemática es esencial el trabajo conjunto de diversos actores sociales, incluyendo el gobierno, la comunidad y las organizaciones civiles. “Solo a través de un enfoque multidimensional se podrá combatir eficazmente la violencia juvenil y ofrecer alternativas viables a los jóvenes vulnerables”, Concluye Castro.
