Ricardo Murillo llegó desde Guayaquil hasta el Complejo Judicial Norte de la capital para acompañar a otros pacientes renales, como él, y a los abogados que los representan, durante la audiencia de acción de protección que pusieron en contra del Gobierno.
Según Murillo, esta garantía constitucional tiene como objetivo que el Estado se comprometa a cumplir con los deberes que tiene con los pacientes y asegurar los derechos de salud que estarían siendo vulnerados.
El guayaquileño llegó con otras personas que se consideran sobrevivientes, puesto que la clínica donde se practicaban las diálisis cerró por falta de recursos. Y varios de los que se atendían en este lugar fallecieron en una camilla y conectados a una máquina.
La crisis de salud detrás del plantón
Gabriela Álvaro, vocera de los pacientes renales, explica que el retraso con la asignación de los recursos a las dializadoras lleva más de 17 meses. Según ella, el Ministerio de Salud adeuda 200 millones de dólares; mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 70 millones.
EXTRA solicitó información a ambas entidades para conocer la situación de esta deuda, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Álvaro añade que, como pacientes, se sienten desamparados y engañados por el Gobierno. Sobre todo cuando el ahora exministro de Salud, Édgar Lama, aseguró a un canal de televisión, a finales de abril de este año, que se estaría pagando la deuda a las clínicas. Sin embargo, según Álvaro, la autoridad no precisó a qué casas de salud y bajo qué criterios se estaba cancelando el dinero.
“Solicité al medio una réplica, pero nunca me dieron una respuesta”, afirma.
La realidad de los pacientes renales
Murillo era guardia de seguridad y padece la enfermedad desde hace siete años. Dice que la situación era llevadera al inicio, pero después se complicó porque tenía que permanecer tres días a la semana dentro de una clínica por más de cuatro horas.
Esto no les habría gustado a sus jefes y lo despidieron. Desde entonces no pudo conseguir trabajo y asegura que solicitó la jubilación por enfermedad, por lo que recibe mensualmente 270 dólares. Con este dinero debe ayudar a mantener a su familia y desde hace algunos meses ha tenido que costear los insumos para practicarse la tercera diálisis a la semana.
Ha comprado medicamentos como eritropoyetina, ácido fólico, vitaminas o insumos como mangueras, por donde circula la sangre que se va limpiando durante cada diálisis. En ciertos días ha gastado hasta 70 dólares.
“En la casa de salud donde me atiendo ya no nos hacen los exámenes mensuales que solían hacernos anteriormente. Además, el personal de salud se está yendo porque no les pagan los salarios”, enfatiza.
La semana pasada, un grupo de pacientes renales fue recibido por la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y tuvieron una reunión en la que habían acordado solicitar información al Ministerio de Salud y al IESS sobre cuáles son las clínicas a las que se les ha cancelado.