Max Schrems no es vidente, pero sin duda se adelantó al futuro. Hace 10 años comenzó a preguntarse si Facebook no estaría recogiendo demasiada información acerca de sus usuarios y guardándola por demasiado tiempo. Así nació una causa legal que desde entonces ha encarnado los temores de miles de usuarios acerca del manejo que la red da a sus datos.
Hoy Schrems es considerado un pionero en la lucha por la protección de datos, pues desde 2011 ha abierto varios litigios con Facebook para mejorar la protección de datos de sus usuarios. Y hace seis años, nos contó sus razones, en Tiempo Real.
Un estudiante austriaco emprendió una causa legal contra la red social más famosa del mundo para pedir transparencia sobre el manejo de la información personal. En 2011 decidió llevar a Facebook antes los tribunales, tras conocerse las revelaciones de Edward Snowden sobre la red de vigilancia mundial organizada por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), en colaboración con la CIA.
En 2015, Schrems ganó un fallo judicial histórico en 2015, que acabó con un acuerdo que permitía a las empresas transferir datos personales de la UE a los Estados Unidos, donde la protección de datos es menos estricta.
Las sucesivas apariciones públicas de Mark Zuckerberg tras el escándalo de Facebook Analytica y, sobre todo, la reciente entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) son, en muchos sentidos, la respuesta a los reclamos que Schrems ha hecho por años.
Y sin embargo, no bien fue aprobado ese marco legal, Noyb, la ONG que impulsa Schrems salió a demandar a esa empresa (junto a Instagram y WhatsApp, que son de su propiedad) argumentando que su política de forzar a los usuarios a aceptar sus condiciones si quieren emplear sus servicios vulnera el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) que entró hoy en vigor.
La ONG afirma que el nuevo reglamento y el fin del «consentimiento forzado» no impide a las empresas seguir usando los datos de sus clientes «estrictamente necesarios para el servicio, pero que su uso con fines publicitarios o para entregarlos a terceros exige el consentimiento expreso de los usuarios.
Noyb afirma que si su denuncia tiene éxito, uno de sus efectos será la desaparición de muchas de las casillas emergentes de solicitud de consentimiento.