La alta frecuencia de cambios ministeriales a menos de un año de legislatura, a la que se suman eses y nuevos nombramientos de cargos por el principal órgano de control social, reflejan la difícil tarea de lograr estabilidad política en Ecuador.
El Ejecutivo de Lenín Moreno se prepara para marcar un año desde su investidura el 24 de mayo de 2017, y en las últimas semanas y meses ya han sido varios los ministros, por no decir altos funcionarios de secretarías y subsecretarías, los que han cambiado de cara en su Gobierno.
Los más recientes, los titulares de Defensa y Seguridad, por la cuestión coyuntural de la inseguridad en la frontera con Colombia y su gestión del secuestro y asesinato de tres trabajadores de un periódico local.
Pero meses antes, eran sustituidos por diferentes motivos, los de Economía y Finanzas; Electricidad y Energía Renovable; Minería; Inclusión Social, y el mes pasado se anunció la eliminación de tres ministerios y la fusión de otros, decisión enmarcada en el nuevo plan de ajuste presupuestario.
«Esto va ligado al tema de la escasa estabilidad institucional y la debilidad política del Ejecutivo respecto a la relación de fuerzas en el Congreso», analizó a Efe el experto constitucionalista Jorge Benavides.
Anotó que los cambios frecuentes de cargos y altos funcionarios en el país andino apenas se dieron bajo el Ejecutivo de Rafael Correa (2007-2017): «No fue así en la década pasada porque había un Gobierno de un solo color político y estabilidad».
Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de las Américas (UDLA), Benavides señala que la «debilidad» del actual Gobierno y de sus políticas, «es que no son de estado, no hay grandes compromisos o metas nacionales», lo que viene alimentado por la necesidad de buscar lealtades entre los ministros, más allá de desarrollar «metas o agendas nacionales».
Para Santiago Basabe, profesor de Política Comparada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), «en general, la rotación en el país ha sido alta y tiene que ver con que las coaliciones de Gobierno han sido coyunturales».
Reconoce, no obstante, que «eso dejó de suceder con el Gobierno de Correa porque no necesitaba recurrir a acuerdos de legislatura» y resta relevancia a los relevos al indicar que en Ecuador «no son algo llamativo, aunque sí si se compara con Chile o Uruguay».
Los cambios, a veces inesperados, han creado la sensación de que se está desarrollando una suerte de purga o caza de brujas entre los cargos pertenecientes o señalados como del antiguo régimen, sentimiento sobre el que los analistas disienten.
«Eso se debe a la fricción y al rompimiento al interior de Alianza País (grupo oficialista) y las cabezas más visibles del antiguo régimen resultan incómodas políticamente, tanto internamente, como de cara a la opinión pública y a los medios que buscan ‘descorreizar’ el país», argumenta Benavides.
Por contra, el politólogo cree que el Gobierno no ha terminado de encontrar el equilibrio y que en su propia bancada parlamentaria «no tiene el control total ni la disciplina está garantizada».
Esta semana el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t) cesó al defensor del Pueblo por negarse a presentar unos informes sobre su desempeño, y designó nuevo fiscal general tras la destitución del anterior, lo que ha suscitado debate.
Para el constitucionalista, las prerrogativas del principal órgano de control «tienen una fundamentación en el mandato del pueblo mediante el ejercicio de sufragio directo» en el plebiscito del pasado 4 de febrero.
De acuerdo a la pregunta tres de dicha consulta, el CPCCS-t tendría facultad para evaluar a los funcionarios designados por el anterior Consejo, que podrá destituir.
Aunque el ombudsman cesado adujo que la medida era inconstitucional, prácticamente existe consenso sobre su cese por «desacato», sin embargo, el caso de la designación del fiscal interino, decisión que debería corresponder a la propia Fiscalía General o al Consejo de la Judicatura, ha despertado críticas.
El Consejo transitorio también designó esta semana a su actual presidente, Julio César Trujillo, lo que según arguye Basabe, «equilibra esa sensación de (purga) porque goza de consenso y credibilidad social».
Advierte de que el Consejo «no tiene facultades omnipotentes» y que la cuestión es «en qué medida la evaluación que haga tiene la posibilidad de verificación posterior, ¿quién controla al guardián?». EFE