El Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea Nacional de Ecuador, admitió a trámite la petición de juicio político contra el fiscal general, Carlos Baca.
Por decisión unánime, la instancia dio paso al proceso, solicitado el 9 de marzo último, en el pleno del órgano, a raíz de la comparecencia de Baca y el expresidente del legislativo José Serrano, luego de la divulgación de un audio en el cual el asambleísta tramaba destituir al letrado.
La moción, presentada entonces por el asambleísta Henry Cucalón, del opositor Partido Social Cristiano, tras nueve intervenciones, contó con el respaldo de 103 de los 106 miembros del legislativo presentes.
En la sesión de la CAL, esta jornada, se determinó pasar el proceso a la Comisión de Fiscalización, presidida por María José Carrión.
Posteriormente, Baca será notificado y contará con 15 días para presentar pruebas de descargo, lo cual dará paso luego a un período de cinco días, en el cual la Comisión debe emitir un informe a la presidencia de la Asamblea, con la recomendación o no de juicio político.
Contra el fiscal hay varias investigaciones abiertas, entre ellas por el delito de peculado vinculado a su participación en la Comisión del 30S, que investigaba la revuelta ocurrida el 30 de septiembre de 2010, descrita por el expresidente, Rafael Correa, como un intento fallido de golpe de estado.
También es procesado por presunto fraude relacionado con esos hechos y por aparentemente incumplir una orden legítima.