Carolina Aguilera murió tras caer de piso 16 de edificio y sus padres aún desconocen cómo ocurrió

Diario El Universo.- El 16 de junio del 2022 es una fecha fatídica para la familia Aguilera Sierra. Ese día falleció Camila, una de las hijas de esta familia, quien presumiblemente habría sido lanzada desde el piso 16 de una edificación en Quito, luego de un incidente que aún sigue siendo investigado.

Los padres de la joven quieren saber la verdad sobre un hecho que aún les parece confuso. Camila Aguilera Sierra, oriunda de Ibarra, de 21 años, exestudiante de cuarto semestre de Medicina en la Universidad de las Américas (UDLA), no logró hacer realidad uno de sus sueños, ser médico, tras este incidente.

El departamento número cero ocho de la edificación, ubicada en las calles Portugal y Luxemburgo, fue el escenario de este suceso, que en un principio se trató como un caso de suicidio, según el informe policial.

Un mes después del inesperado episodio, cuando Janeth Sierra y Emilia Aguilera, madre y hermana gemela de Camila, ingresaron a una farmacia en El Batán, notaron que eran seguidas por el presunto victimario, de 24 años, también nacido en la capital de Imbabura.

Ese hostigamiento, como lo definen ellas, generó la sospecha en la familia Aguilera Sierra de que no habría sido un suicidio, sino que podría tratarse de una muerte intencional.

El incidente se registró el 16 de junio del 2022, cuando Camila y su hermana asistían a una reunión en la referida residencia, donde vivía el enamorado de la ahora occisa.

Según testigos, durante la fiesta Camila y su pareja mantuvieron una fuerte discusión. Aquello obligó a Emilia y amigas a intervenir para evitar que la joven fuera agredida. Enseguida, Emilia decidió solicitar un taxi para abandonar ese lugar, pero su hermana desapareció.

Segundos después, mientras buscaban a Camila, el enamorado habría salido de una de las habitaciones alertando de que ella se habría lanzado desde una ventana a la calzada, desde una altura aproximada de 45 metros.

La impensada noticia hizo que los invitados salieran al balcón y constataran que la joven yacía en la vereda del edificio. El primer informe policial señaló que se podía tratar de un suicidio, pero existirían indicios de que el caso podría estar relacionado con un posible femicidio.

El día del fallecimiento, Janeth Sierra, madre de la hoy occisa, les autorizó asistir a una reunión en la citada edificación. Sin embargo, dice ella que una aparente infidelidad del enamorado generó la discusión y reclamo, y que terminó en tragedia la confrontación.

La madre de la joven considera que el altercado habría provocado una reacción brusca, que hace presumir que el sujeto empujó a la chica al vacío, con consecuencias mortales, algo que sigue siendo investigado.

La investigación

A los familiares les sorprende que, a quien consideran presunto victimario, en el momento del suceso, en vez de salir a auxiliar a la chica o llamar a emergencias, optó por comunicarse con dos abogados, algo que crea dudas en Janeth Sierra, ya que, si fue un suicidio, la reacción del joven debió ser otra, según ella estima.

Emilia habría solicitado a los uniformados que llegaron hasta el inmueble que detuvieran al joven, argumentando que minutos antes había maltratado físicamente a su hermana, pero habría recibido como respuesta que aquello era irrelevante porque ya estaba muerta.

Los padres de Camila desconocen por qué los policías únicamente tomaron la versión del joven y no la de las demás personas que estuvieron en la reunión, testimonios que podrían haber aportado a la indagación, aseguran.

La familia, a mediados de julio del 2022 (un mes después), luego de las primeras sospechas, pidió el informe del caso. Por él se enteraron de que la Dinased no había remitido a la Fiscalía información alguna. Asombra que no se haya elaborado ningún procedimiento legal y se hayan omitido las pruebas, dicen los parientes de la joven.

Ya a finales de julio, los investigadores comenzaron a localizar telefónicamente al presunto responsable y a varios testigos. La versión de una persona estaría dando luces que podrían ayudar a esclarecer el hecho; pero, frente a posibles amenazas, el declarante optó por salir del país.

Janeth Sierra afirma que pasaron seis meses y el trabajo de Bormman Peñaherrera, fiscal asignado, no dio mayores resultados ni información. Debieron reunirse, añade, con autoridades de la Presidencia de la República, Asamblea Nacional y otros organismos para que la investigación tomara otro rumbo.

A los tres meses y diez días, por pedido de una de las comisiones de la Asamblea Nacional, recién fue entregado un primer informe preliminar. Hace quince días fue asignada una nueva fiscal, quien sí genera confianza a la familia y estaría acelerando la indagación. Incluso en los próximos días estaría prevista la reconstrucción de los hechos.

Con voz entrecortada, la madre dice: “Mi hija no se lanzó”. Hace una pausa y agrega: “Tenemos la certeza de que va a salir la verdad. Haciendo justicia habrá una suerte de reparación, porque nadie me devolverá a mi hija”.

Hay preocupación en el hogar de los Aguilera Sierra, porque advierten que han sido objeto de intimidaciones, por lo que entraron al programa de la Fiscalía de protección de víctimas y testigos.

Caso fue abordado en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional

El confuso caso fue tratado en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en donde comparecieron diversas autoridades e instituciones del Estado. Allí fueron conocidas las acciones que han tomado para determinar las causas y posibles responsables de la muerte de Camila Aguilera Sierra.

Para la asambleísta Jhajaira Urresta, se trata de un hecho que deja muchas inquietudes, pues se evidenció la falta de capacitación de los servidores públicos responsables de atender alertas y emergencias.

A la vez denunció que no se levantó el respectivo parte policial, hecho que dificultó el proceso investigativo, corriendo el riesgo de que haya impunidad.

En la reunión del 12 de diciembre del año anterior, Daniel Béjar, en representación de la Fiscalía, manifestó que la investigación se inició hace tres meses y que, por mandato legal, la información tiene el carácter de reservada. “Aparentemente existe un mal procedimiento policial”, añadió.

Mientras que Bormman Peñaherrera, agente fiscal de la Unidad de Género que llevaba la investigación, informó que se han dictado 11 impulsos fiscales con 77 diligencias investigativas; que han recabado versiones, recolectado evidencia digital y documental.

Se han realizado inspecciones oculares técnicas y luego se hará la reconstrucción de los hechos, una vez que se tengan las versiones de todas las personas. El funcionario reconoció que no existe el parte policial, solo el acta de levantamiento de cadáver.

Janeth Sierra, madre de la víctima, dice que ha vivido meses de dolor, no solo por la pérdida de Camila, sino por haber tenido que afrontar la indolencia de las instituciones del Estado, en especial de la Dinased, por el mal procedimiento en el conocimiento del incidente en el que perdió la visa su hija.

Según la madre de familia, nunca se guardó la cadena de custodia ni se cumplieron los procedimientos que exige la ley. Solo se receptó la versión del presunto agresor, en el sentido de que Camila se lanzó de la ventana.

La legisladora Johanna Moreira expresó su preocupación con respecto a que recién un mes después de la muerte se remitió a la Fiscalía el acto administrativo de levantamiento del cadáver; y después de casi tres meses, en octubre, el caso pasó a la Unidad de Género.

De su parte, la asambleísta Gissela Garzón sostuvo que se evidencia que no hubo levantamiento de información ni tampoco acompañamiento adecuado a la investigación, y que existen agravantes, como el hostigamiento a la hermana de la víctima, a la vez que demandó mayor agilidad en las investigaciones.

Pero la asambleísta Sofía Espín fue más allá al afirmar que no se puede permitir impunidad en beneficio de los femicidas y violadores. En tanto, su colega José Chimbo manifestó que llama la atención la inoperancia e incapacidad institucional para atender este y otros casos, pese a que están obligados a garantizar los derechos humanos.

Dalton Bacigalupo sugirió alertar a la Fiscalía General del Estado sobre la denuncia que recibió la comisión acerca de que el presunto femicida podría salir del país. La mesa legislativa solicitó al agente fiscal que remita los nombres del personal de la Policía que intervino el 16 de junio del 2022, día en que falleció trágicamente Camila.

A la cita no asistieron Juan Zapata, ministro del Interior, ni el comandante general de Policía, Fausto Salinas, quien presentó su excusa, ni tampoco Freddy Sarzosa, director de la Dinased, entre otros.

El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, lamentó la excusa de Salinas, más aún cuando se trata de un caso de conocimiento público, en el que la Fiscalía advirtió que existen inconsistencias en los informes policiales, en especial de la Dinased.

Al término de la reunión, la comisión resolvió compartir a la Fiscalía la denuncia presentada por la madre de la víctima en torno a que el presunto agresor intentaría salir del país, a fin de que, de ser el caso, dicte las medidas cautelares y prohíba la salida del sospechoso.

Este Diario buscó un pronunciamiento de este último, pero no fue posible obtenerlo.