El Consejo Nacional Electoral (CNE) contratará un alto número de funcionarios para desarrollar los comicios nacionales de febrero del 2021, aunque percibirán salarios reducidos debido a la crisis económica que atraviesa el país.
El Presupuesto Operativo Electoral (POE) optimizado que aprobó días atrás el Consejo ascendió a $ 91’060.644 y fue aceptado por el Ministerio de Finanzas.
De este, $ 83′ 568.407 fue el techo que estableció el Ministerio, pero se sumaron valores de $ 3′ 621.429 de una «planificación aprobada», $ 3′ 488.566 para la compensación económica a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y $ 382.240 para realizar el conteo rápido.
Se estima que el Consejo requerirá contratar a unas 40 mil personas en los próximos dos meses que restan, para acudir a las urnas el 7 de febrero próximo; y de ser el caso, para la segunda vuelta del 11 de abril.
En un primer presupuesto que ascendía a los $114′ 3 millones, los gastos en personal se planificaron en $ 47′ 320.572, que era el más alto de todos los componentes.
Con el ajuste, se redujo a $ 30′ 670.712, que según el consejero José Cabrera, corresponde a una optimización de $ 16′ 649 859.
De los $ 30 millones, $ 24′ 730.712 corresponde a los funcionarios que se requieren para las delegaciones provinciales, y $ 5′ 939 902 para la planta central, en Quito.
Para llegar a esta optimización, se realizó una reducción de la escala salarial en dos niveles: antes los valores eran de más de $ 1.000 y ahora serán de entre los $ 600, $ 800 y $ 900. Esto tuvo la aprobación del Ministerio de Trabajo, durante las mesas técnicas que entabló el CNE con la Función Ejecutiva.
«Ahí se hizo un ahorro sustancial de $ 16′ 649. 859, 59. Ese es el mayor rubro que se bajó en el presupuesto. Aunque también hubo rebajas en servicios que dará el Instituto Geográfico Militar (IGM) para la elaboración de las papeletas, con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en comunicaciones, y para el resguardo con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas», señaló Cabrera.
La autoridad precisó que no se redujo el número de personal a ser contratado, pero sí los sueldos. El más alto está entre los $ 970 para profesionales y la mayoría serían contratados por $ 800. «En la dificil situación que está viviendo el país, de tener cero a ganar $600 u $800, la gente acepta. Pero también ocurre, que se los contrata y consiguen otro trabajo con más alto sueldo y se van», opinó el consejero.
Los profesionales que ingresarán será bajo dos modalidades: con relación de dependencia y sin relación de dependencia. En el primer caso, pasan a formar parte de la nómina del Consejo y son afiliados a la Seguridad Social; y, en el segundo caso, facturan, pero deben afiliarse de forma voluntaria.
Los aproximadamente 40 mil servidores no formarán parte de la nómina permanente, todo dependerá del servicio que prestarán y las necesidades de la institución.
Por ejemplo, hay conserjes para los recintos electorales que apoyan solo el día de las votaciones; choferes, capacitadores, coordinadores de recintos y personal de oficina.
El CNE resolvió en un inicio, contratar coordinadores sanitarios para cada recinto, cuya función se planteaba para el control del ingreso con mascarilla, evitar aglomeraciones y que se realicen procedimientos de desinfección, debido a la pandemia del COVID 19.
Tras los diálogos con Finanzas se resolvió que los coordinadores de cada recinto, sean los que se encarguen de esta tarea el 7 de febrero, y así evitar contratar más personal.
Al momento, el CNE se encuentra en la fase de contratación de la plataforma virtual para capacitar a los miembros de las JRV; y para el ingreso de 486 capacitadores, cuyo costo bordea los $ 508.396.
El consejero Cabrera reconoció que están “apretados” en cumplir estas acciones, pero se debió a que recién la semana anterior el Gobierno aprobó el POE.
Otra contratación que está en curso es la de los conductores y los vehículos para la movilización en las delegaciones provinciales, para distintas actividades, como el control de la precampaña electoral en carreteras.
Se aspiraba a realizar convenios con las entidades públicas para que le faciliten tanto vehículos y conductos, y no hubo el respaldo. En Guayas por ejemplo, se había ofrecido un vehículo para recorrer toda la provincia.
Por ello, el Consejo contempló $ 671. 730 para vincular a 88 conductores a nivel nacional. (El Universo)