El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) y representantes del gremio de abogados del país acordaron trabajar juntos en la elaboración de un código que regule el ejercicio de los profesionales del Derecho.
Así se resolvió durante la reunión que mantuvieron, este jueves 15 de noviembre, el Presidente del CJ, Marcelo Merlo, los vocales Angélica Porras, Zobeida Aragundi y Aquiles Rigail, con el titular de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Ramiro García, y representantes de este gremio de varias provincias.
Durante el encuentro, el titular del CJ informó que el Pleno de la Judicatura derogó hoy las resoluciones de aprobación del Código de Conducta para los Abogados y Abogadas en el Patrocinio de las Causas y del Código de Ética Judicial.
El doctor Merlo señaló que de esta manera se atienden preocupaciones e inquietudes de los juristas que surgieron a partir de la expedición de las mencionadas normativas.
En este marco, indicó que el Consejo de la Judicatura abre un espacio de diálogo con los abogados con el objetivo de intercambiar criterios y recopilar insumos para implementar una normativa que regule el trabajo que desempeñan en el patrocinio de procesos judiciales.
De su parte, el vocal Aquiles Rigail explicó que los acuerdos que se esperan alcanzar tienen como propósito fortalecer al gremio de abogados.
En tanto, la doctora Angélica Porras, quien había expresado su desacuerdo con los códigos, reconoció la sensibilidad del Presidente Marcelo Merlo y los vocales Zobeida Aragundi y Aquiles Rigail para dejar sin efecto las normativas y sostuvo que es una muestra de la apertura democrática que existe en la institución, con base en el diálogo.
De su parte, Ramiro García expresó su complacencia con la derogatoria de los códigos de Conducta para los Abogados y de Ética Judicial y dijo que esto es una muestra de sensatez y coherencia por parte de las autoridades del CJ.
García también destacó la invitación a conversar en mesas de trabajo para el desarrollo de códigos deontológicos consensuados y aplicables al entorno jurídico ecuatoriano.